PP y VOX han aprobado, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como ‘Ley Ómnibus’, que modifica 50 textos normativos, con duras críticas de la izquierda, que la llevará al Constitucional.
La Ley, según el Gobierno regional, mejorará la empleabilidad de las personas vulnerables y se agilizará la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI); la rebaja de las tasas educativas; se revisan las condiciones de la carrera profesional del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Agentes Forestales; la Ley del Suelo y otras cuestiones en materia de Administración Local y Transportes.
Pese a que ambos partidos han escenificado la discrepancia en los Presupuestos de 2023, también han aprobado la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica madrileña que, entre otras cuestiones, contempla la dispensación a domicilio de medicamentos bajo determinadas circunstancias y flexibilidad de apertura las 24 horas.
E igualmente, la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que nace para «mejorar la calidad y la eficacia en este ámbito» y que, entre las novedades, incorpora la Historia Única y un mapa de los recursos disponibles en la región.
Esta norma sustituye a la actual, en vigor desde 2003, para «actualizar e introducir las transformaciones sociales y legislativas» que se han producido desde entonces para dar respuesta a las realidades provocadas por la crisis económica o los efectos de la pandemia, según han señalado desde el Gobierno regional.
