El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid ha estimado la petición de medidas cautelares provisionalísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, suspendiendo así la aplicación del decreto de la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo, Movilidad y Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada que suspendía las obras para la instalación en La Cantueña de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados.
El auto del Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, da un plazo de tres días al Consistorio fuenlabreño para que presente alegaciones antes de dictar auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar.
Según argumenta el auto, concurren en este caso «suficientes elementos» que «permiten apreciar la situación de urgencia requerida» por la Comunidad de Madrid para solicitar la suspensión del decreto municipal.
Asimismo, el juez considera que ante el reciente inicio de las obras, acceder a la suspensión cautelar de la decisión de paralización representa «el mantenimiento de la situación material y jurídica preexistente», sin perjuicio de su posible modificación una vez se reciban las alegaciones del Ayuntamiento y se resuelva de forma definitiva y tras escuchar a todas las partes.
Tampoco se advierte, sostiene el auto, «un grave perjuicio del interés general» por el hecho de permitir que las obras continúen ejecutándose durante «el breve plazo de tres días que se concederá para la formulación de alegaciones por el Consistorio».
UN «PERJUICIO MAYOR» SI SE PARALIZAN LAS OBRAS
Por el contrario, advierte, la clausura y precinto de dichas obras «supondrá su inmediata paralización», lo que «presupone objetivamente un perjuicio mayor si después hubiera de ser removido el precinto», dado el «presumible retraso que la ejecución de dicha remoción podría conllevar en cuanto representa la reanudación de unas obras de remodelación, con el subsiguiente traslado de personal, maquinaria y materiales de obra».
Tras el decreto municipal que paralizaba las obras por tratarse de un uso que, a juicio del Ayuntamiento, incumple el convenio de cesión del espacio a la Administración regional, la Comunidad de Madrid –que se ampara en la Ley del Suelo autonómica para justificar la legalidad de su decisión–, recurrió ante la Justicia.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha acusado este martes al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE) de «rechazar» a los menores extranjeros no acompañados que la Comunidad de Madrid pretende acoger en el centro de La Cantueña, con su «boicot permanente» al proyecto.
Un centro que la Comunidad quiere habilitar «lo antes posible» y para el que prevé invertir 6,9 millones de euros para habilitar un centenar de plazas de acogida y poder así «atender las demandas del Gobierno de España» con respecto a los menores extranjeros no acompañados que «va a trasladar» a la región madrileña.
El Consistorio cedió el centro a la Administración regional hace 20 años para un centro de difusión ambiental, por lo que al incumplirse el convenio, el Ayuntamiento activó la cláusula que le habilita a recuperar las instalaciones.
