El Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés ha desestimado una querella, presentada por once familias de cuatro residencias de la ciudad, contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Escudero. La querella trataba de inculparles por la gestión de estos centros durante los peores meses de la pandemia de coronavirus, donde se produjeron miles de muertes.

Y es que la juez considera que los hechos se basan en “meras conjeturas” y no son constitutivos de “ningún tipo de infracción penal”. Además sostiene que la imputación de delitos que se hacía a los dos dirigentes, como homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación, se basa “en subjetividades”. En este sentido, el fallo esgrime que la Covid-19 es “una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo”.

La juez detalla también que del relato de los hechos, “no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad”, indicando que se describe “la dolosa situación por la que han atravesado once familias en relación a familiares suyos que han enfermado y en algunos casos fallecido” por la pandemia.

Así, expone que se pretende “englobar en una misma situación los casos de los once querellantes cuando el propio relato de la querella desprende la existencia de esenciales diferencias entre ellos”. “Hasta en cuatro de los casos descritos no se habla ni de sintomatología compatible con dicha infección, ni menos aún de prueba de diagnóstico positiva de la misma”, arguye.

“MERAS PROSPECCIONES”

Asimismo, reprocha que el relato fáctico sean “meras prospecciones de los querellantes, “no conteniendo inicio alguno en que basar sus sospechas de actuación irregular por parte de las residencias”. Insiste en que se habla “de hipótesis” a lo largo de la querella y se extraen conclusiones de meras conjeturas y subjetividades”.

En cuanto a los directores de los centros, el juez argumenta que en el contenido de la querella se alude a la actuación de la Comunidad de Madrid y “nada se dice respecto de las residencias” o de “una actuación negligente o culpable”, sino que “más bien se las presenta como meras ejecutoras de las directrices” del Gobierno regional.

SEÑALA AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

El escrito de la titular del Juzgado número 5 de Leganés señala, por otro lado, a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la dotación de material de protección. Así indica que  “tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó esas dotaciones”. 

Incluso la juez llega a hacer mención a “la polémica suscitada en cuanto a la compra de test masivos a una empresa china que luego resultaron inadecuados para el fin para el que fueron adquiridos”.

Un extracto, pues, que deja la puerta abierta y da la posibilidad a las familias de dirigir futuras querellas a quién ostentaba entonces el mando único durante la pandemia. A pesar de ello, Marea de Residencias ha recurrido ya la sentencia.