La Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (Acusval) ha presentado alegaciones al proyecto inicial de presupuestos municipales aprobados en el último Pleno. La asociación considera el proyecto, aprobado con los votos de Ciudadanos, Partido Popular y un edil de Vox, incumple la normativa en la tramitación inicial de los presupuestos generando indefensión entre los afectados por los presupuestos elaborados por el equipo de Gobierno.
Acusval pide que se deje sin efecto el acuerdo del pleno y se corrijan los “graves errores” de fondo y de forma que presenta el proyecto. A su juicio, las cuentas municipales son opacas, ha faltado participación ciudadana y las previsiones de ingresos son inverosímiles.

Según Acusval se han incumplido, entre otras, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y la ley Reguladora de las Haciendas Locales resultando un “texto cojo en el que se evidencian la improvisación y las prisas en su elaboración”, dando lugar a efectos que podrían ser lesivos para los vecinos de Valdemoro.

Suprimir trámites como la consulta previa y limitar la accesibilidad de los vecinos al texto que se pretende aprobar es, según la Asociación, una “cacicada de otros tiempos a la que no podemos asistir sin dar una respuesta desde las propias reglas del juego democrático”.

Otras de las quejas que plantean los consumidores es la falta de justificación en la previsión de ingresos por lo que piden que estos se razonen conforme a informes técnicos de las áreas afectadas y que no se hagan cábalas sobre ingresos procedentes de Programa de Inversiones Regionales que aún estarían sin confirmar por parte de la Comunidad de Madrid, que es la que gestiona esos fondos.

Fuentes de Acusval manifiestan su desconfianza a que estas alegaciones sean tenidas en cuenta “por un equipo de gobierno que ha despreciado a la sociedad civil durante todo el mandato”, aunque esperan que desde el resto de los partidos políticos del pleno “detengan esta arbitrariedad” para que los presupuestos municipales se elaboren con todas las garantías legales y cuenten con los informes económicos y técnicos que los avalen adecuadamente.