Los vecinos del número 13 de la calle del Parque Éboli de Pinto están que trinan con el Ayuntamiento. Se trata de una de las barriadas con más años del municipio, donde residen en su mayoría pinteños de avanzada edad y, en algunos casos, con problemas de movilidad, que no pueden subir y bajar escaleras y necesitan de forma urgente la instalación de un ascensor.
Han seguido los trámites administrativos oportunos, pagando hasta 6.000 euros para obtener la licencia. Incluso esperaron 140 días hasta que el Ayuntamiento les contestó denegando su legítima petición e incluso advirtiendo que corrían el riesgo de perder ese dinero si no subsanaban los defectos de forma de su reclamación.
Al Cabo de la Calle se presentó, el pasado 10 de enero in situ en el barrio, hablando con los propietarios. Algunos de ellos murieron esperando a la respuesta del Consistorio, que les pilló totalmente por sorpresa. De ahí que acudieran a un arquitecto colegiado para que este les asesorara y no perdieran esa cantidad abonada. Pero sobre todo para que se atendiera su demanda.
Haciendo ejercicio de memoria, hay que recordar que el ascensor se situaría en un terreno privado de uso público, tal y como se convenió hace décadas para facilitar a los pinteños el paso hacia la estación de Cercanías. Además, y según la Ley 8/2013, de 26 de junio, sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, no se ven afectados los terrenos por el aumento de edificabilidad.
Esta norma señala además en su artículo 10 que “tendrán carácter obligatorio y no requerirán acuerdo de Junta de propietarios los trabajos y obras necesarias para satisfacer los requisitos básicos de accesibilidad universal”. También “las obras necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas o ascensores que favorezcan su comunicación con el exterior”.
La Ley, además, prevé incluso la alteración de la trama urbana siempre que el impacto sea mínimo. Y es el caso de la calle del Parque Éboli número 13, pues el acceso libre se mantiene y solo se reducen 6,24 metros cuadrados de una superficie que supera los 6.000 metros cuadrados, como comprobó Al Cabo de la Calle en una visita a la barriada y como se muestra en las imágenes.
CUARENTA DÍAS SIN REUNIRSE
Como no podía ser de otra manera, este periódico trasladó las quejas de los vecinos al concejal de Modelo de Ciudad, Raúl Sánchez, que contestó por carta a los propietarios denegándoles en un primer momento la instalación del ascensor. El edil garantizaba que “los plazos quedan paralizados”, que “los vecinos no van a perder el dinero” y “queremos mandarles un mensaje de tranquilidad”.
Cuarenta días después de la promesa de reunión, los vecinos acuden al Defensor del Pueblo
Sánchez aventuraba además una reunión. “Vamos a estudiarlo con los técnicos municipales porque por ordenanza no se puede hacer por el momento. Técnicamente parece que sí se puede y desde luego mi postura es que cuando se trata de cuestiones de accesibilidad, eso es lo prioritario”.
Pues bien, ya han pasado cuarenta días de esta promesa y ni reunión, ni acercamiento de posturas ni nada de nada. Los vecinos siguen sin saber si podrán instalar un ascensor o no en su domicilio, como les permite la ley. Y nadie se ha puesto en contacto con ellos.
De ahí que hayan recurrido en última instancia al amparo del Defensor del Pueblo. A esta institución han dirigido sus legítimas reclamaciones para ser oídas. En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, el Defensor del Pueblo ha dado por recibido el documento y estudiará si lo admite a trámite. Mientras tantos los vecinos del número 13 de la calle del Parque Éboli siguen soportando los problemas de la movilidad que, día a día, se hacen más acuciantes.
Siguen insistiendo en la necesidad de instalar un ascensor para acceder a la calle y sus hogares. La ley les ampara y el Ayuntamiento, obligado por el este periódico, reconoció la necesidad. Ahora le tocará al Defensor del Pueblo decidir.
