La Federación Local de Asociaciones Vecinales (FLAV) de Leganés ha interpuesto una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 de Madrid, donde solicita que sean declaradas nulas las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana del 2020, al entender que “son contrarias a derecho”. Algo que ya advirtió que haría hace año y medio.
Desde la FLAV recuerdan que, en abril de 2021, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 de Madrid anuló y dejó sin efecto el cobro del IBI de 2020 a un vecino. Sentencia firme y a la que el Gobierno de PSOE y Ciudadanos no recurrió, pese a que anunciaron a los medios de comunicación que presentarían un recurso de casación.
Además, las asociaciones vecinales, que ya se prestaron a dar asesoramiento a otros leganenses en la misma situación, inciden en que el Ayuntamiento de Leganés carece de Tribunal Económico Administrativo, “conculcándose derechos de los administrados (vecinos) y conculcándose el derecho a poder acceder a un tribunal imparcial”.
AUMENTO DEL IBI DE CASI EL 12%
En todo este periplo, además, “el Ayuntamiento de Leganés no aprobó, ni consiguientemente publicó, la ordenanza fiscal relativa a este tributo para el ejercicio 2020”. Por lo que “hubo un aumento del tipo de gravamen y modificación de los periodos de pago”, y no existió “notificación individualizada a cada uno de los contribuyentes”, cuando desde la FLAV de Leganés recuerdan que “la cuota a pagar suponía un aumento de más del 11,42% respecto al año anterior”.
Desde la Federación van más allá y acusan al Ayuntamiento de Leganés de “aplicar esa subida a sabiendas de que no era acorde a ley, en contra de los derechos de todos los vecinos”. Además, “el Gobierno local adoptó dicho acuerdo sabedor de las dificultades de que pudieran acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para impugnar las liquidaciones”. Unas liquidaciones que ahora quieren que sean declaradas nulas, lo que dejaría un considerable agujero en las arcas municipales, si se demuestra que el Ejecutivo de socialistas y ciudadanos no actuó conforme a derecho.
EL AYUNTAMIENTO SE DEFIENDE
Tras anunciar la presentación de este contencioso, fuentes del Gobierno municipal han declarado a Al Cabo de la Calle que “desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Leganés se ha planteado la defensa al recurso planteado, en los mismos términos que veníamos defendiendo en vía administrativa, al entender que la actuación del Ayuntamiento es ajustada a derecho”. Por lo que defienden la actuación realizada, si bien serán los tribunales los que tengan la última palabra.
