La cifra es clara y contundente: el Gobierno de Sara Hernández dejó guardado en un cajón y sin valorar 474 expedientes de personas dependientes de Getafe. 474 vecinos que requirieron la ayuda del Ayuntamiento y que, a 31 de diciembre de 2017, no recibieron ninguna respuesta. 474 ciudadanos que fueron víctimas de la indiferencia y del caos que existe en la Concejalía de Bienestar Social, dirigida actualmente por Ángeles Guindel.
El dato de esos 474 vecinos fue divulgado en el último Pleno por la concejal del PP de Getafe, Mirene Presas, que echó mano de las cifras oficiales que maneja la Comunidad de Madrid para afear a la alcaldesa su “nefasta gestión” en los Servicios Sociales. La edil del PP reclamó a Sara Hernández que mirase a la cara “a los dependientes de Getafe y a sus familias para pedirles perdón. Por decencia y por dignidad”. En su turno de intervención, la alcaldesa no refutó ese dato, no rebatió los argumentos de Presas y se limitó a mencionar los proyectos sociales que su Gobierno ha desarrollado.
Pero, ¿qué ocurrió con esos 474 dependientes? ¿Siguen desamparados? El Gobierno regional, ante esa situación, acudió al rescate del Ayuntamiento de Getafe y fue finalmente la administración encargada de analizar los expedientes que se encontraban atascados.
Hasta hace poco, los ayuntamientos se ocupaban de atender inicialmente a las personas que solicitaban ser reconocidas como dependientes. Con posterioridad, esos expedientes de valoración se remitían a la Comunidad de Madrid, que era la administración encargada de determinar la prestación económica.
El Ayuntamiento llega a tardar hasta seis meses en remitir la documentación de los dependientes
En ese acuerdo rubricado entre el Gobierno regional y las instituciones locales se especificaba que los ayuntamientos tenían que enviar esos expedientes en un plazo máximo de 45 días. ¿Cumplió el Gobierno de Sara Hernández ese período? Rotundamente no. En 2016, el Consistorio getafense tardó 184 días. Al año siguiente, la cifra apenas varió porque se estableció en 177 días. Es decir, seis meses para remitir la documentación de los dependientes de Getafe a la Comunidad de Madrid.
Se suman, además, los dos meses que tarda el Ayuntamiento en conceder la primera cita, con lo que un dependiente debe aguardar una media de ocho meses para conseguir el informe que le permita acceder con posterioridad a servicios como residencias o centros de día. Seguramente, demasiado tiempo, sobre todo para las personas que sufren algún tipo de dependencia y para sus familias. “¿No se le cae la cara de vergüenza de que los dependientes de Getafe tengan que aguantar todo este tiempo por su incompetencia?”, le preguntó la concejal del PP a la propia alcaldesa, que siguió sin responder a las preguntas y cuestiones acusatorias de la edil popular.
AYUDA REGIONAL
El caos que sufren los Servicios Sociales del Ayuntamiento provocó que, en mayo de 2017, el Gobierno municipal del PSOE no tuviese más remedio que pedir auxilio a la Comunidad de Madrid para desatascar la acumulación de expedientes de las personas dependientes. El Gobierno regional atendió esa petición y desplazó a trabajadores de la Dirección General de Dependencia para tramitar más de 200 solicitudes que aún no se habían procesado.
El Gobierno regional desplazó a trabajadores de la Dirección General de Dependencia para tramitar más de 200 solicitudes que aún no se habían procesado
Este nuevo desajuste en los Servicios Sociales de Getafe se suma al de otros departamentos, como recientemente el de Hacienda, donde Intervención Municipal ha recordado al Ejecutivo municipal la necesidad de contratar más personal para reducir el periodo medio de pago a proveedores.
Hay que recordar, además, que la atención a los dependientes siempre ha sido un asunto de agrio debate político. Especialmente controvertida fue la llamada Ley de Dependencia, que nació en 2006 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que la norma se creó sin ningún tipo de dotación presupuestaria y sin haber elaborado una evaluación conjunta de la situación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, que son los responsables del desarrollo de la citada ley.
