El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), anunciaba este miércoles que los servicios jurídicos municipales están estudiando la posibilidad de paralizar las obras del centro de acogida de menores migrantes que la Comunidad de Madrid prevé habilitar en La Cantueña.
«Si tiene que ir la Policía local a notificar mediante decreto a paralizar las obras, irá», zanjaba el regidor en torno a unas obras que, valoradas en unos 7 millones de euros y que aprobó el Consejo de Gobierno regional, permitirán remodelar el centro cedido por el Ayuntamiento y que estaba previsto destinar a proyectos de difusión ambiental.
El lunes la Policía local confirmó el inicio de estas obras de adaptación para crear en una primera fase para acoger a un centenar de menores migrantes. Ante ello, Ayala anunció que «actuará inmediatamente».
«Si no cumplen con la legalidad, tendrán que parar y justificar una serie de requerimientos», adelantó Ayala. «No vamos a consentir que esto siga adelante atropellando los derechos de la ciudadanía de Fuenlabrada», agregó.
Así, los servicios municipales trabajan en «armar el expediente», para lo que se alegará previsiblemente que hay abierto un expediente de reversión de la instalación que debe finalizarse.
El Ayuntamiento fuenlabreño activó la clausula del convenio que establecía la vuelta del centro de La Cantueña a la Administración local si se incumplía el objeto del convenio.
«Vamos a actuar de manera inmediata, para que se cumpla la legalidad urbanística como a todo el mundo», señaló Ayala. «Lo que no pueden hacer es saltarse a la torera los requerimientos que ha estado haciendo el Ayuntamiento a la Comunidad», zanjó el primer edil.
RÉPLICA DE LA COMUNIDAD
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, parte, respondió a Ayala que «no se da ninguna de las circunstancias» para que desde el Ayuntamiento se puedan paralizar las obras de La Cantueña, espacio donde se ubicará a menores extranjeros no acompañados.
«Esas obras han sido aprobadas en tiempo y forma por el propio Consejo de Gobierno y, por tanto, estamos cumpliendo con todos los requisitos establecidos legalmente», defendió el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, después de que el alcalde haya anunciado que los servicios jurídicos municipales están estudiando la posibilidad de paralizar los trabajos.
El consejero madrileño insistió en que le parece «curioso» que el regidor «haya descubierto de repente que existe este recinto», ya que lleva «más de 20 años sin prestarle ningún tipo de atención». A su parecer, lo que está demostrando es «un cinismo brutal».
«Nosotros desde la Comunidad de Madrid, de forma responsable y también ante el caos de la política migratoria del Gobierno central, estamos acometiendo la reforma de centros de atención a menores para que puedan tener mayor capacidad», subrayó. Además, recordó que esa instalación no solo se abrirá como centro de acogida de menores sino que también se pondrá «al servicio de los ciudadanos».
