El PP de Alcorcón ha denunciado que, las pequeñas y medianas empresas que fueron adjudicatarias de ayudas por los gastos originados por Covid-19, aún no han sido abonadas, un año después de la presentación de solicitudes.
Estas ayudas impulsadas por el Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica, IMEPE, tenían el objetivo de minimizar la carga del gasto extraordinario en el que han podido incurrir las empresas y autónomos durante el periodo que va desde el 14 de marzo de 2020 hasta la fecha de presentación de la solicitud, julio de 2021, y la cuantía máxima de la subvención sería de 1.000 euros por establecimiento.
Con las ayudas se podían cubrir parte o la totalidad de la inversión, según el caso, que se hubiera realizado en guantes, mascarillas, dispensadores de gel, sistemas de desinfección, mamparas, pantallas faciales, señalética para delimitación de espacios o control de usuarios, gastos relacionados con la puesta en marcha de un sistema de conteo de personas o de control de aforos, de ventilación y purificación del aire, termómetros digitales, cámaras de medición de la temperatura corporal o esterilizadores, incluidas las alfombras higienizantes.
El procedimiento de concesión era el de concurrencia competitiva, por orden de entrada en el registro, para poder obtener la subvención deberían cumplir ciertos requisitos como tener local en el término municipal y licencia de apertura y funcionamiento para atención al público, así como estar dado de alta en cualquiera de los Grupos de Epígrafes de IAE, Agencia Tributaria y Seguridad Social.
Para Ana Gómez, portavoz del PP, «Natalia de Andrés vuelve a demostrar que está inhabilitada para gestionar las necesidades de los vecinos de Alcorcón, en este caso, a las pequeñas empresas que aún siguen esperando su ayuda que nunca llega».
«SOLVENTADO ALEGACIONES»
Fuentes municipales consultadas por Al Cabo de la Calle reconocen que no se han pagado todavía, porque «estamos solventando las alegaciones que han presentado los interesados».
En este punto, las mismas fuentes añaden que se trata de «algo fundamental para que las ayudas tengan seguridad jurídica». Y aclaran que «una vez termine este trámite obligado por la ley se procederá a su abono».
