El Grupo Socialista del Congreso de los Diputados ha presentado una iniciativa en la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que solicita que la Generalitat “ejecute la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condena a la Generalitat a pagar a Renfe una deuda de 81 millones de euros por los servicios prestados en Rodalies entre 2016 y 2019”, según informa Europa Press.
Así se expresa en el informe de fiscalización que realizó el Tribunal de Cuentas sobre las medidas de Renfe en relación con las restricciones de movilidad de viajeros implantadas durante 2020. La iniciativa se votará esta semana en dicha comisión.
En ese informe, el organismo fiscalizador recomendaba a la Administración General del Estado, la Generalitat y Renfe Operadora a que formalizaran un contrato o acuerdo de financiación que regule la prestación de los servicios de cercanías en Cataluña.
El tribunal consideraba que dicho contrato debería especificar, al menos, los servicios a prestar, las compensaciones máximas a recibir por Renfe Viajeros, quién debe abonarlas, las obligaciones de las partes, los compromisos de calidad y puntualidad y los posibles incentivos y penalizaciones.
Los socialistas en el Congreso suscriben esta recomendación mediante su propuesta de resolución, pero añaden que es «imperativo que la Generalitat ejecute esa sentencia”, lo que supone abonar a Renfe esos 81 millones de euros, y que «se abone la deuda imputable al Plan de Acción de Rodalies» durante ese periodo.
La compañía reclamó en 2021 ese importe, vía contencioso administrativa, por la ampliación de los servicios de Cercanías que la propia Generalitat había solicitado a raíz del traspaso en 2010 de parte del servicio de Rodalies.
Pero el ‘Govern de Catalunya’ no quería abonar ese dinero porque decía que buena parte del coste correspondía al canon ferroviario que se paga por circular por la infraestructura de Adif, que es competencia del Ministerio de Transporte.
Finalmente en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a Renfe y condenó a la Generalitat a pagar la deuda. Además, obligó al departamento de Territorio y Sostenibilidad a asumir las costas por un máximo de 3.000 euros.
Ahora, en plena negociación sobre el futuro gobierno catalán que Salvador Illa, ganador de las elecciones, intenta negociar con los independentistas, le cae a un tipo como Óscar Puente, ministro de Transportes, el ´marrón´ de asumir la demanda de estos 81 millones de euros a los socios separatistas de Pedro Sánchez que pide su grupo político en el Congreso.
