El PP de Alcorcón ha alertado que el Ayuntamiento tiene que pagar 23 millones de euros por orden judicial, de sentencias que ha fallado en contra de resoluciones que tomaron los socialistas en materia urbanística entre los años 2006 y 2011.

De ese montante, 18,2 van a destinarse a un fondo de previsión de la ejecución de sentencia en relación al Parque de Las Presillas y 4,9 a la ejecución de una sentencia por el centro cívico de Fuente Cisneros.

“Concretamente, la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, que en aquellos momentos era concejal de Urbanismo, tomó malas decisiones como la que hoy cuesta a cada familia 500 euros”, señalan los populares.

El PP, además, recuerda que en 2012 “el Ayuntamiento Alcorcón fue condenado al pago de 52 millones de euros por las expropiaciones del ensanche Sur y que fueron abonados por el Gobierno de David Pérez, a través del plan de pago proveedores”.

En 2018, la justicia también condenó a Alcorcón a pagar 40 millones de euros por la gestión de la actual alcaldesa en EMGIASA.

LA CONCEJALA DE HACIENDA RESPONSABILIZA AL PP

En cuanto al centro cívico de Fuente Cisneros, la concejala de Hacienda, Candelaria Testa, apunta que se llegó a un acuerdo de permuta de terrenos con los propietarios, pero “el Gobierno del PP lo paralizó”. La edil explica que “tras la denuncia de los propietarios en 2013, ante la inacción del Gobierno popular, ahora acabaremos pagando 5 millones en fondos líquidos del Ayuntamiento”.

En cuanto a Las Presillas, Testa recuerda que “se traspasó edificabilidad, de común acuerdo con los propietarios de los terrenos, al Distrito Norte”, pero “se invalidó cuando este desarrollo se declaró nulo, sin que el Ayuntamiento de Alcorcón, entonces gobernado por David Pérez, tomara parte en el proceso”. Así acusa al anterior alcalde de “negarse a comparecer en el procedimiento para defender los intereses de la ciudadanía”, por lo que ahora tocaría pagar.