Audiencia Nacional

Las sociedades modernas, libres y avanzadas se forjan en tanto que exista un Estado de Derecho fuerte e implacable, que no es otra cosa que aquel Estado donde se cumplen las leyes. Normas, además, dadas por el conjunto de la sociedad. Por la mayoría. Y, desde luego, jamás impuestas por una minoría.

Así pues, la existencia de un Estado libre y democrático se dará en tanto en cuanto se cumpla la ley. No hay axioma más contundente que éste. Y en España la ley se aplica y con contundencia, pese a que en el imaginario colectivo se da por buena la frase de que la Justicia no existe.

La Justicia en nuestro país será lenta, elefantiásica incluso. Pero los pasos que da siempre son firmes y seguros. Tan ciertos como que no sale gratis vilipendiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velan por el cumplimiento de la ley bajo el paraguas del mandato judicial. Algún iluso pudiera pensar que esos ataques salen gratis y sin factura. Nada más lejos de la realidad.

Así lo han sentido los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los agitadores del secesionismo catalán que el pasado 20 y 21 de septiembre empujaron a la masa contra la Guardia Civil que velaba por la unidad de España, de los españoles y la garantía de la Democracia en todos los rincones del país. Aquella llamada al enfrentamiento, por ahora, les ha salido cara y ya “descansan” en Soto del Real gracias a la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la magistrada que, en definitiva, aplica la ley en todo con rigor y certifica que el sistema funciona y es, al menos en lo legal, robusto.

El Poder Judicial, pilar fundamental de la Democracia, es implacable frente a aquellos que lo intentan quebrantar. Esta decisión es un ejemplo de ello. Pese a su lentitud y-escasos recursos, bien es cierto,- cumple su función. No así la tercera pata de la Democracia, el Poder Ejecutivo. Un Gobierno que hoy es débil y titubea frente a los secesionistas y al que solo la libre ciudadanía española y unos jueces firmes y decididos están sacando del atolladero. Esa tibieza del Gobierno de España ha servido en todo este proceso para que los separatistas ganen tiempo y fuerza. Esa debilidad ha sido el empujón sufrido por la Guardia Civil y la Policía Nacional, abandonada a su suerte por la inoperancia del Ejecutivo.

Los responsables de ANC y Òmnium Cultural -que no olvidemos nadie ha elegido y no tienen ninguna legitimidad política y democrática- se sentían intocables gracias a esa pasividad de Mariano Rajoy. Pero se han dado de bruces con el Estado de Derecho. El separatismo catalán, culpable de la fuga masiva de empresas y la división de la sociedad catalana y española, ha sido golpeado con contundencia por el arma más poderosa que tiene un país libre y democrático: la ley. Gracias a los jueces y fiscales y a los españoles, España sigue existiendo como ese país donde la máxima de Aristóteles se cumple: “El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.

Ahora, otra vez, le toca al Ejecutivo de Rajoy estar de una vez por todas a la altura de las circunstancias ante los chantajes de Puigdemont y los suyos. El sábado tiene una oportunidad de hacer historia por el bien de España.