Lío a la vista en Pinto. El propietario del bar ubicado en el antiguo edificio de la Casa de Andalucía, entre la avenida Europa y la plaza David Martín, llevará a los tribunales al Gobierno de Pinto, por haberle echado del local, dejando en la calle a doce trabajadores de este establecimiento.
El desalojo se produjo este miércoles, 21 de septiembre, con una retirada de licencia exprés, notificada la misma mañana. Al parecer, el motivo esgrimido por el Ejecutivo es que la Casa de Andalucía ya no realiza su actividad en dicho inmueble, por lo que no tendría validez la explotación hostelera.
“Doce familias se van a la calle y el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con nosotros”
El empresario, Antonio Castellano, niega la mayor y llevará el caso a los tribunales, para que sea la Justicia quien decida. No sería la primera vez que gana al Ayuntamiento pinteño, pues los Juzgados de lo Contencioso Administrativo ya le dieron la razón después de que, en octubre de 2017, el anterior alcalde y hoy mano derecha de Diego Ortiz, Rafael Sánchez, le dijera que tenían que irse de allí, tras una reunión con los responsables de la Casa de Andalucía.
«Le dijimos que esto no era Venezuela y eso lo tendría que decidir un juez. No se atrevió, pero nos denegó la terraza del año 2018. Posteriormente nos negaron también las de 2019 y 2020, pero el juez nos dio la razón y ahora tenemos otra demanda pendiente por daños y perjuicios”, relata Antonio Castellano a Al Cabo de la Calle.
En este sentido, el hostelero explica que antes del reciente desalojo, enviaron una carta a la Casa de Andalucía para prorrogar diez años más la explotación del bar. Así desvela que existía una cláusula de que, en caso de no hacerse, la Casa debería abonar una indemnización.
“Nunca nos contestaron e hicieron el paripé de entregar las llaves al Ayuntamiento para justificar que ya no están en el edificio, pero allí siguen teniendo sus cosas y han seguido haciendo reuniones y actos hasta este verano», expone Castellano.
El 21 de septiembre, el Ejecutivo de PSOE, Podemos y Unidas Pinto cerraba el bar, una decisión que el propietario de la explotación ha llevado a los tribunales. “No me han dejado sacar nada y han retenido mis posesiones”
En todo este conflicto, el empresario local revela el parentesco familiar del presidente y vicepresidenta de la Casa de Andalucía con el concejal de Seguridad de Pinto, Alejandro Robles. “No sé si todo esto se está usando para que en un futuro se les otorgue la concesión demanial de la instalación”, se pregunta, dejando en manos de sus abogados todo este asunto que salta ahora al tablero político.
En cualquier caso, “doce familias se van a la calle y el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con ninguno de nosotros”, añadiendo que “todo esto ya está denunciado”.
Finalmente se queja que, tras el desalojo practicado por la Policía Local el pasado miércoles, “no me han dejado sacar nada y han retenido mis posesiones”, una cuestión que también ha puesto en conocimiento de la Justicia, que tendrá la última palabra sobre este turbio caso.
EXPLICACIONES DEL GOBIERNO
La entrega de llaves de la Casa de Andalucía al Ayuntamiento tuvo lugar en abril de este año. “Se ha abierto un proceso de regularización en el régimen de funcionamiento del actual espacio” apuntaban entonces fuentes del Ejecutivo pinteño, “con sintonía total con la Casa de Andalucía”.
En este sentido exponían que “también de común acuerdo se ha decidido aprovechar este proceso de regularización para acometer la mejora de las instalaciones, ya que este espacio tiene 20 años desde su construcción”. Por entonces, desde el Gobierno municipal sostenían que “esto se habría evitado”, si el PP en 2012 hubiese procedido a la renovación de la concesión de espacio por diez años “y no por cinco”.
