El horno del crematorio del tanatorio de Valdemoro ha comenzado a funcionar sin contar con la licencia municipal, según ha podido comprobar la Policía Local. Así lo ha denunciado el portavoz de Más Madrid en el consistorio, Javier Carrillo, quien ha presentado un escrito dirigido al Gobierno municipal en el que pide que se ordene «el cierre inmediato del crematorio hasta que tenga la autorización de servicio y los permisos necesarios». En su escrito, Carrillo pide también «que se sancione a la adjudicataria con el máximo rigor y se estudie la posibilidad de que sea motivo de cancelación del contrato».
El portavoz de Más Madrid ha señalado que, en el último Pleno municipal hizo pregunta sobre este asunto y la respuesta de la teniente de alcalde, Raquel Cadenas, en el último pleno del año en las que la edil afirmó que el crematorio no había comenzado a dar servicio porque no contaba con la licencia oportuna.
Desde la empresa adjudicataria reconocen que el crematorio lleva en funcionamiento desde primeros de noviembre y aseguran que cuentan con la autorización medioambiental de la Comunidad de Madrid. Afirman, igualmente, que la actividad no tiene riesgos para los vecinos y consideran surgen desde desconocimiento acerca del funcionamiento de este tipo de instalaciones funerarias.
Por su parte, desde el Ayuntamiento han confirmado que han realizado una nueva inspección y que están estudiando la sanción que impondrán a la compañía.
Las obras del crematorio fueron adjudicadas en enero de 2014 a la empresa Prisan-UTE. Pero en 2017 las obras no habían comenzado debido a que la citada empresa no recibió las licencias oportunas. Por ello, la adjudicataria presentó en 2017 un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid con fecha 16 de noviembre de 2017 solicitando el cumplimiento del contrato y las licencias de obra y actividad.
El recurso fue resuelto el 1 de junio de 2018 instando al Ayuntamiento de Valdemoro a resolver el expediente respecto a la aprobación del proyecto de ejecución, dicha sentencia fue recurrida en apelación por el Ayuntamiento dando lugar al recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo. El TSJ confirmo la sentencia por medio de sentencia de 6 de febrero de 2020, desestimando por tanto recurso de apelación del Ayuntamiento.
La sentencia del TSJ fue firme el 27 de julio de 2020 por lo que el Ayuntamiento se vio obligado a iniciar los trámites . La oposición pidió reiteradamente al Ejecutivo local la resolución del contrato, a lo que el alcalde, Sergio Parra, alegó la “imposibilidad de hacer frente a la cuantía económica que supondría para las arcas municipales la resolución del contrato”, que sería de varios millones de euros.
Finalmente, las obras comenzaron en abril de 2022 y desde el primer momento, han levantado bastante polémica ya que, según denuncian asociaciones de vecinos y grupos políticos, está a menos de 500 metros de casas y colegios.
