La medida anunciada por Ayuso en Lisboa entrará en vigor el 1 de enero de 2023

«En Madrid se puede heredar sin arruinarse». Con estas palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional va a ampliar, finalmente hasta el 25%, la bonificación en el ‘Impuesto de Sucesiones y Donaciones’ entre hermanos, tíos y sobrinos.

Así lo ha adelantado la presidenta tras reunirse hoy en Lisboa con el alcalde de la capital lusa, Carlos Moedas, en un nuevo viaje de la dirigente madrileña tras el reciente en Miami, para estrechar lazos comerciales y culturales con estas ciudades.

«Lo que pretendemos es ahondar en esa política de baja fiscalidad que ya hay, por ejemplo, en países como Portugal», ha dicho Ayuso, que ha deseado que «ojalá algún día lleguemos a tener una como este país, donde directamente este impuesto, como ocurre en toda la Unión Europea, ni siquiera ya se aplica, no existe”.

Esta medida, que está previsto que entre en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2023, supone un incremento de más de 10 puntos porcentuales en la rebaja con la que ya cuentan actualmente (15% en el caso de hermanos y del 10% con tíos y sobrinos). Se calcula que cerca de 11.500 contribuyentes se beneficiarán de la misma y que generará un ahorro fiscal de casi 48,3 millones de euros.

Esta medida está prevista que entre en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2023

Con esta decisión, un sobrino que herede, por ejemplo, 100.000 euros, tendrá que pagar unos 13.239 euros frente a los 15.887 actuales, lo que se traduce en unos 4.400 euros menos sobre la cuota tributaria y casi 2.650 menos que con la bonificación vigente. En el caso de un hermano fallecido, si la persona recibe 200.000 euros, podrá llegar a ahorrarse hasta 12.000 euros sobre la cuota tributaria.

De este modo, el Ejecutivo autonómico inicia la tramitación de esta nueva medida elevando a audiencia pública durante 15 días hábiles el texto del anteproyecto de ley. Transcurrido este tiempo, el procedimiento marca recabar los informes internos para poder ser aprobado por el Consejo de Gobierno pasado el verano. Posteriormente, se remitirá a la Asamblea para su debate y aprobación definitiva.