La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba este miércoles que el Gobierno regional recurrirá antes de finalizar enero y ante el Tribunal Constitucional, el nuevo ‘Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas’, al considerar que este gravamen estatal invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.

Ayuso avanzaba que, previamente, también se solicitará su suspensión cautelar. Se hace “en defensa de la economía española y madrileña frente a las imposiciones ideológicas y fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez”. En opinión de la Comunidad de Madrid, lo que se hace es “resucitar el viejo Impuesto de Patrimonio y literalmente va contra el ahorro y la inversión”.

Para la presidenta, “no hay justificación” para crear este tributo “ignorando, además, la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos y en un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica”.

“Todo esto lo está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara y nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los intereses económicos de toda España”, ha remarcado, destacando que estas inversiones vienen a todo el país y si se van de España, se van a otros lugares del mundo perjudicando a todos. “Se van de Madrid, se van de España y, por tanto, perdemos todos”.

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100% desde 2008. Sin embargo, el nuevo gravamen introducido por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las CCAA de régimen común, invadiendo la gestión autonómica en la materia. Además, el procedimiento no se ha sometido a consulta pública y carece de memoria económica y de un dictamen del Consejo de Estado.