El Gobierno de PSOE y Podemos baraja 2024 como el año en el que se podría comenzar a implementar el sistema de pago obligatorio por uso en la red de carreteras del Estado, fundamentalmente autovías y autopistas.

Hasta ese momento, el Ejecutivo español prevé llevar a cabo una campaña de “concienciación y sensibilización” sobre los transportistas y la población, en cuanto a la “necesidad” de ejecutar esta medida, según está plasmado en el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ remitido a Bruselas.

No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.

Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que “se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte”.

El plan se aplica a priori a autopistas y autovías, pero el Gobierno abre la puerta a que cualquier carretera pueda tener peaje

La patronal del sector propuso el año pasado un peaje medio de nueve céntimos por kilómetro recorrido para coches, y de 19 céntimos para los camiones. Estimaban que se recaudarían más de 100.000 millones de euros en los próximos 25 años del bolsillo.

EL GOBIERNO DE LOS 23 MINISTERIOS DICE QUE HAY UN DÉFICIT EN CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

El Gobierno de PSOE y Podemos, que actualmente está formado por 23 ministerios, recoge en el plan enviado a Europa que este pago se debe al “abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras”.

“Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”, señala el texto.

El Gobierno de Pedro Sánchez también aclara que el sistema podría ser “escalable y progresivo”, es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.

En definitiva y tomando como ejemplo países de Europa, como Portugal, la implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir hasta Valencia, 15 a Córdoba, 16 euros a Badajoz o 22 euros a La Coruña.