El PP de Getafe ha anunciado que llevará a los tribunales los «contratos irregulares» por valor de 300.000 euros, firmados por el Gobierno de Sara Hernández, y que han sido detectados por la Cámara de Cuentas, a través de un informe que obra en poder de Al Cabo de la Calle, y que «acredita la prestación de servicios sin cobertura legal, por haber expirado el plazo de vigencia del contrato».

El documento de la Cámara de Cuentas hace referencia a contratos sobre la gestión del punto de encuentro familiar, servicios de educación social de familias en situación de vulnerabilidad o suministro de combustible para vehículos del parque móvil, entre otros. Además, la Cámara ha detectado otro contrato que asciende a cerca de 50.000 euros “que supera el importe autorizado para la contratación menor”.

En concreto, advierte sobre “la ausencia de una adecuada previsión y planificación de las necesidades municipales que origina que los expedientes de contratación se inicien con excesivo retraso para que, en cumplimiento de los plazos de publicidad, licitación y adjudicación previstos, los contratos puedan estar adjudicados y formalizados en la fecha de comienzo de la ejecución, incluso con la tramitación de urgencia prevista en los artículos”.

También apunta que “en la mayor parte de los informes de fiscalización previa del gasto, la Intervención general municipal pone de manifiesto el retraso de la tramitación de los expedientes y la falta de adecuación del crédito propuesto a las necesidades de financiación” de los contratos, entre otras consideraciones.

Añade que “en la mayor parte de los contratos de obras se ha detectado la falta de adecuación del crédito autorizado y comprometido al ritmo real de ejecución», lo que ha producido “retrasos en la ejecución y en el pago de las obligaciones generadas por las certificaciones de obras”.

«LLEGAREMOS A LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS»

El portavoz del PP local, Carlos González Pereira, cree que la Cámara de Cuentas les da la razón de la «lucha Pleno a Pleno, denunciando las malas prácticas del Gobierno de Sara Hernández y su abuso, de forma obscena, entre otras cuestiones, de la contratación verbal, expresamente prohibida por la Ley».

En este sentido, Pereira asegura que «llegaremos a las últimas consecuencias para que estas irregularidades del Gobierno de Sara Hernández no queden impunes».

Considera, asimismo, que con estas prácticas «queda al descubierto el rodillo de la mala gestión socialista, del que son víctimas los proveedores, autónomos y pymes, que se ven atrapados en procesos interminables de cobro de sus servicios debido al descontrol y a la improvisación del Gobierno local». Y también «son víctimas los vecinos de Getafe, al ver cómo se menosprecia el dinero de sus impuestos».

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