El Partido Popular de Leganés ha emitido este martes un comunicado en el que acusa al Ayuntamiento de incurrir en fraude de ley al publicar un pliego que tiene por objeto final la adjudicación de un contrato a 20 años, más 5 de prórroga, por valor de 13 millones de euros para la explotación de los ‘mupis’ (mobiliario urbano de información pública) de la ciudad.
Ante esta posible irregularidad, los populares de Leganés han interpuesto recursos tanto ante el propio Ayuntamiento de Leganés como ante el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
“Consideramos que el gobierno socialista y sus socios de Ciudadanos en la Junta de Gobierno han cometido un fraude de ley puesto que pretenden vulnerar la Ley de Contratos del Sector Publico», ha aseverado Miguel Ángel Recuenco, presidente, portavoz y candidato a la Alcaldía de Leganés del Partido Popular.
Según denuncian desde el PP, el Ejecutivo que encabeza Santiago Llorente pretende simular una cesión de dominio público cuando en realidad se trata de un contrato de concesión de servicios que, como máximo, puede extenderse a cinco años incluidas las prórrogas, tal y como recogen las directivas europeas y los tribunales de contratación de diferentes comunidades autónomas. Esta maniobra, afirman, es una transgresión de la Ley de Contratos del Sector Público. 9/2017, así como las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo 2014/23/UE y 2014/24/UE respectivamente.
El meollo de la cuestión estriba, desde su punto de vista, en que una cesión de dominio público puede extenderse en el tiempo prácticamente sin límite, mientras que un contrato de servicios tiene un límite de 5 años y el adjudicatario del mismo tiene la obligación de prestar un servicio público. E insisten en que los soportes publicitarios conocidos como ‘mupis’ exhiben publicidad de empresas, pero también campañas de información pública, con lo que en ningún caso pueden ser adjudicados como cesión de dominio público puesto que prevalece el interés público frente a los exclusivamente privados de explotación de un negocio (cesión de dominio público).
Así las cosas, en los recursos presentados se pide la paralización del proceso de contratación, la nueva redacción de un pliego para que se ajuste a la Ley, que se respeten los plazos de adjudicación a un máximo de 5 años y que se respeten los principios de eficiencia, igualdad, transparencia y pública concurrencia.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO: «LO QUE DICE EL PP ES UNA ABERRACIÓN JURÍDICAMENTE HABLANDO»
La respuesta desde el Ayuntamiento a estas acusaciones no se ha hecho esperar. «El Partido Popular vuelve a mentir y lo que dice es una absoluta aberración jurídicamente hablando», contestan desde el Gobierno leganense, precisando que «esta concesión pasa por la Asesoría Jurídica, que da el visto bueno a todo este proceso. La Ley de Contratos establece que los contratos de concesión de servicios pueden durar hasta 40 años si incluyen ejecución de obras y explotación, y de 25 años si solo incluyen la explotación. Esta misma fórmula es la utilizada por otros Ayuntamientos como Madrid, Fuenlabrada, Majadahonda, Alcobendas o la propia Comunidad de Madrid con otros soportes».
Insisten desde el Ayuntamiento en que «se trata de una concesión demanial, y es una concesión que supondrá un importante beneficio para las arcas municipales ya que los ingresos que recibirá el Ayuntamiento de Leganés por la explotación publicitaria de estos soportes se verán incrementados en más del doble».
Fuentes municipales han recordado además que «el anterior Gobierno del PP, del que el señor Recuenco formó parte, licitó la concesión de las vallas publicitarias con esta misma fórmula de concesión demanial. Es importante saber por qué esta fórmula sí les gustaba entonces y ahora no».
