El Partido Popular de Alcorcón ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona a la alcaldesa, Natalia de Andrés, por lo que consideran una vulneración del artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del régimen electoral general.

Dicho precepto normativo señala que: «Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

Pues bien, según el PP de Alcorcón, la alcaldesa habría incurrido en esto el pasado miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde hizo balance de las actuaciones hechas por su Gobierno contra la pandemia. 

En la misma, que luego se publicó a través de redes sociales municipales, Natalia de Andrés destacaba que se habían destinado más de 2,5 millones de euros a los ‘gastos COVID-19‘, y para los populares, «la alcaldesa se explayaba explicando toda una serie de medidas adoptadas en el último año haciendo referencia a los trabajos realizados no solo por las concejalías (seguridad, servicios sociales, juventud, deporte, cultura etc.), sino también por empresas municipales».

Dicho balance para el PP «se ha creado ad hoc, ya que no era noticia en un momento preelectoral para dar publicidad al partido político que representa y al partido político con quién gobierna (PSOE y Ganar Alcorcón), en un momento en el que cualquier campaña, acto o manifestación en el que se aluda a logros obtenidos por el ayuntamiento está totalmente prohibido».

De esta manera, la portavoz de los populares, Ana Gómez, ha pedido a la Junta Electoral «que sancione a Natalia de Andrés por vulnerar la ley y que sea retirada de forma inmediata esa información», recordando que la normativa «exige a los poderes públicos la neutralidad en los procesos electorales».

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