El Tribunal de Cuentas ha revocado la condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.

Con ello, revierte el fallo inicial dictado el pasado 27 de diciembre, que cifraba en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS por entender que se hizo a un precio inferior al valor mínimo posible.

El Tribunal de Cuentas considera, bajo el criterio de los consejeros José Manuel Suárez (ponente) y Margarita Mariscal, que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar “negligencia grave” a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera “impugnada en ningún modo”.

Alude también a la existencia de informes, el más relevante el de Intervención Municipal aunque también otros de instancias no municipales, que “no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra”.

Respecto al precio de venta, fijado en 128,5 millones de euros, la nueva resolución del Tribunal de Cuentas considera que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un “punto de equilibrio de mercado”.

De esta manera, el órgano fiscalizador entiende que Botella y su equipo “no intervinieron directamente en las operaciones” que desembocaron en las ventas del inmueble, que fueron gestionadas y verificadas por el exconsejero delegado (en alusión a Fermín Oslé) que había recibido el mandato de administrar y concluir la venta.

Respecto al precio de venta, fijado en 128,5 millones de euros, la nueva resolución del Tribunal de Cuentas considera que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un “punto de equilibrio de mercado”.

Detalla también que en las primeras fases del procedimiento de enajenación participaron hasta ocho empresas o grupos inversores, por lo que entiende que hubo publicidad del proceso aunque sí detecta algunas irregularidades “meramente formales” en materia de transparencia y concurrencia.

Por tanto, concluye que en 2012 la EMVS “enfrentaba una situación crítica” y que no se debe olvidar “cuáles eran las condiciones generales del mercado”, marcadas por un “desplome” del mercado financiero que se mostraba también “reacio” a refinanciar créditos inmobiliarios.

VOTO PARTICULAR

Mientras, el consejero del Tribunal de Cuentas, Felipe García, ha emitido un voto particular discrepante sobre la venta de estas 1.860 viviendas al entender que para fijar el precio se debió contar con al menos tres tasaciones porque ve la “inexistencia de un precio fundado y falto de tasación”.

Cree que había otras alternativas a la enajenación de los pisos, como aplicar criterios profesionales en la gestión de la EMVS o la inyección de capital por parte del Consistorio para reequilibrar sus cuentas.

La operación fue lesiva para el colectivo ocupante”, desgrana el consejero, para añadir que la transacción no consideró “adecuadamente a un colectivo especialmente vulnerable y resultó dañosa para sus intereses y para el derechos a obtener una vivienda digna”.