CSIF Valdemoro vuelve a alzar la voz: el último apuñalamiento entre presos evidencia una situación límite en la prisión Madrid III
El grave apuñalamiento registrado recientemente en la cárcel Madrid III-Valdemoro ha reavivado las denuncias del sindicato CSIF, que desde hace meses alerta del deterioro acelerado de la seguridad y las condiciones laborales en el centro penitenciario. El suceso, ocurrido cuando un interno extremadamente violento atacó a su compañero de celda con varias puñaladas —presuntamente bajo los efectos de sustancias y medicación—, puso de manifiesto fallos estructurales que los funcionarios vienen señalando sin éxito desde hace tiempo: falta de personal, masificación, carencia de recursos sanitarios y presencia creciente de internos con graves patologías psiquiátricas en módulos que no están preparados para ello.
Según denunciaron los trabajadores, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital externo porque no había un médico disponible en el centro en el momento del ataque, una situación que CSIF llevaba meses advirtiendo. Para el sindicato, este episodio no es un caso aislado, sino la consecuencia directa de la preocupante precariedad en la que se encuentra la prisión de Valdemoro.
CSIF subraya que varios módulos del centro —especialmente los 7, 8 y 9— están saturados y albergan a un número creciente de internos con trastornos mentales graves, convirtiéndose, según el sindicato, en «psiquiátricos encubiertos» donde los funcionarios no disponen de medios ni formación especializada para hacer frente a episodios de agresividad extrema. A esta situación se suma una plantilla insuficiente, con numerosas vacantes sin cubrir, lo que genera un entorno laboral que describen como «insostenible» y que deja a los trabajadores expuestos a agresiones y episodios violentos casi a diario.
Entre sus reivindicaciones, CSIF exige la creación de un módulo psiquiátrico específico, la cobertura inmediata del 100 % de las vacantes, la mejora de la iluminación y de los recursos de vigilancia, dotación de medios coercitivos actualizados y la implantación de protocolos eficaces de intervención ante agresiones. También insisten en el reconocimiento legal del personal penitenciario como agente de autoridad, una medida que consideran imprescindible para su protección jurídica ante el incremento de ataques.
El sindicato denuncia además una gestión inadecuada de la clasificación de internos, que lleva a mezclar en los mismos espacios a presos muy violentos, consumidores de sustancias y reclusos con patologías graves, creando un caldo de cultivo para incidentes como el ocurrido. El apuñalamiento reciente, recuerdan, es la prueba más clara de que las advertencias de los trabajadores están siendo ignoradas.
Para CSIF, el último ataque entre presos debe servir como punto de inflexión: Valdemoro está «al borde del colapso», y la inacción amenaza con desencadenar una tragedia aún mayor. «Es urgente actuar», insisten, «antes de que la violencia descontrolada termine costando vidas».