El PP de Leganés planta cara a la tasa de basuras: no la va a cobrar
No aplicarán la tasa de basuras. En mitad de un escenario tenso y lleno de polémica y discusión y armas arrojadizas al pecho, o más bien: al ciudadano, el Ayuntamiento de Leganés ha decidido que el ciudadano va primero y que no va a aplicar durante el año 2025 la tasa de basuras.
Una tasa que, recordemos, porque entre tanta dialéctica y pelea se olvida el origen, deriva de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se trata de un tributo que el Gobierno central considera obligatorio para todos los municipios con más de 5000 habitantes. Una medida que sería pues de Sánchez, no de Europa. Así lo aclaraba el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, a este medio: «La directiva europea marcaba que había que cuantificar y pagar este servicio, pero no determinó que había que devengar el coste al ciudadano. Nosotros nos hemos negado, los alcaldes socialistas lo hacen orgullosos».
Y aquí la comparación es inevitable: el cercano Getafe es la prueba de lo que Serrano afirmaba: la alcaldesa Sara Hernández (PSOE) ha implementado la tasa de basuras sin quejarse ni poner la más mínima traba. Los vecinos están sufriendo así tener que pagar una tasa por una basura que, como se denunció desde este medio, no se recoge como se debería, llevando a la ciudad a una insostenible situación de suciedad y abandono. Cabe recordar que en los contenedores que compró la alcaldesa la basura no cabe.
En el extremo opuesto, aunque muy cerca geográficamente, está Leganés, cuyo alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), tal y como señalan fuentes municipales, no va a aplicar la tasa de basura. Y aún más: no van a subir ningún otro impuesto. De hecho, tienen el IBI más bajo de España.
Una decisión, no implementar la tasa de basuras, fundamentada en que supone una presión fiscal al ciudadano, ya que habría un aumento considerable en la carga para las familias (entre 150 y 200 euros anuales por vivienda).
Por otra parte, como recordaba Serrano, la directiva de la Unión Europea no exige explícitamente la creación de una tasa estatal como la planteada. Si a esto se le suma que adolece de criterios claros de aplicación —cómo se calculará, quién la abonará, qué bonificaciones existirían— podría generar un caos administrativo y recursos legales.
Por último, importa señalar que el municipio, afirman fuentes cercanas, cubre los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos mediante sus presupuestos actuales, por lo que no ve necesario implantar un nuevo tributo.