Desde que se inició el mandato de Sara Hernández en junio de 2015 al frente de la Alcaldía de Getafe, el Gobierno municipal acumula cerca de 4,5 millones de millones de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito, que es la fórmula que se emplea en la administración para pagar a un proveedor o a un tercero que reclama una factura ‘polémica’, en disputa, bien por tiempo o por forma, y evitar así que el litigio se alargue y la deuda se acabe reclamando por la vía judicial.
Estas facturas pagadas con retraso provocan, además, un gasto económico añadido a las arcas del Ayuntamiento de Getafe como consecuencia de los intereses de demora que se deben abonar en determinados casos.
Ya el pasado mes de septiembre y tras la celebración del Pleno ordinario, este periódico publicó que la alcaldesa se gastó, en sólo cuatro meses, un montante de 22.220 euros en la distribución de los llamados soportes informativos del Ayuntamiento. Se trataba, en realidad, de folletos propagandísticos que el Gobierno municipal reparte en los barrios y que se suelen colocar en las fachadas de los edificios con el fin de que los vecinos conozcan una iniciativa concreta.
Estas cifras se conocieron después de que el Pleno municipal de septiembre incorporase en su orden del día un punto en el que el Gobierno municipal solicitaba pagar, a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, todas estas facturas, que la empresa reclama ahora porque sus honorarios no fueron abonados en su momento. La oposición también votó en contra.
