¿Qué tiene que ocultar el Gobierno de PSOE y Podemos en Getafe sobre los ‘coordinadores enchufados’, que cuestan casi 400.000 euros al año a los vecinos? Es la pregunta que ronda en la ciudad, desde que el Ejecutivo de la socialista Sara Hernández descubrió esta figura permitida por la normativa, con la que seguir aumentando ese pesebre socialista que es hoy el Ayuntamiento de Getafe.
Recordemos que por Ley, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes -esto es, grandes ciudades- pueden contar con un máximo de 27 asesores, que se reparten entre los distintos partidos con representación en la Corporación. Sin embargo, con la figura del coordinador general, también de libre designación, se puede ampliar de facto ese límite de los asesores, algo que no ha dudado en hacer el Ejecutivo getafense, con personas muy próximas a la izquierda local y regional.
Según el artículo 27 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Getafe (ROGA) se podrán nombrar un total de 10 coordinadores.
Y el artículo 29.1 dice que su nombramiento deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Pleno acuerde, en atención a características específicas del puesto, que su titular no reúna dicha condición de funcionario.
En Getafe por ahora llevamos seis coordinadores, a razón de casi 400.000 euros brutos al año, en áreas como Hacienda, Cultura, Bienestar Social, Recursos Humanos, Consumo y Urbanismo. Estas dos últimas, creadas hace más de un año. El mismo tiempo que desde Al Cabo de la Calle dimos a conocer el salario y perfil de cada uno de ellos.
Y no porque el Gobierno de Getafe facilitara la información, pues su inversión en transparencia es inversamente proporcional al millonario gasto político que se destina para ‘amiguetes’ varios.
Ahora, más de un año después, y a raíz de la presión política de partidos de la oposición como el PP, el Ejecutivo municipal está volcando información sobre estos coordinadores en el Portal de Transparencia, en cuanto a trayectoria profesional, nombramiento y declaración de bienes. Eso sí, lo hace a cuentagotas y de forma incompleta, a fecha 28 de junio de 2022.
RECURSOS HUMANOS
Es el caso, por ejemplo, de la coordinadora de Recursos Humanos, María Pilar López Portillo, escogida entre 27 candidatos y cuyo nombramiento se aprobó en la Junta de Gobierno de febrero de 2020, a razón de 81.566 euros brutos al año. Un nombramiento, eso sí, que no está colgado en el Portal de Transparencia. Y en su trayectoria destaca ser miembro de UGT, el mismo sindicato que la concejala del ramo, Elisabeth Melo, cuyo bagaje en la Concejalía pasa por el enfrentamiento directo con la Policía Local.
URBANISMO
También incompleta, a fecha 28 de junio, es la información que aparece sobre Serafín Sardina Vázquez, coordinador de Urbanismo, y que a priori parecía el perfil más técnico, con un sueldo de 63.613 euros brutos al año.
Sin embargo, en su declaración de bienes, aparece como administrador único de dos empresas urbanísticas, dedicadas, entre otras cosas, a planes de ordenación urbana. Es decir, que por sus ‘manos’ podrían pasar proyectos urbanísticos, como la futura urbanización de Perales de Río, que hace unos meses OK Diario calificó de ‘pelotazo’.
Participaciones en empresas privadas, pues, que podrían ser incompatibles con su labor de coordinador, y que podría dilucidarse si el Gobierno de PSOE y Podemos hubiese elevado la cuestión al Pleno para su debate y conocimiento. Sin embargo, su nombramiento, así como trayectoria, a día de hoy tampoco aparece en el Portal, en otro ejemplo de oscurantismo del Ejecutivo local.
HACIENDA
Finalmente, sobre el coordinador de Hacienda, Víctor Manuel Fuentes, con un salario público de 90.732 euros brutos al año, sí aparece toda la información en el Portal. Si bien no figura ninguna causa de posible incompatibilidad, su controversia en el Ayuntamiento es manifiesta.
Y es que en correos electrónicos internos, a los que ha podido acceder este periódico, el coordinador aborda el orden de tramitación de los expedientes de contratación «marcados como prioritarios» por la Concejalía de Hacienda y Alcaldía, cuando la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 71, estipula que «en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario».
