La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M, al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa, por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo.
Tras las diligencias practicadas, en el auto al que ha tenido acceso Al Cabo de la Calle, se señala que el investigado, «entre el 5 y el 14 de marzo del presente año, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».
La resolución apunta también que el investigado «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario».
Finalmente, el auto establece también que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma, la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19″.
La magistrada, no obstante, deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado. Este auto puede ser recurrido en reforma, ante el propio órgano judicial, y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.
