Vivo en un edificio de diez plantas, divididas cada una en cuatro viviendas. Seremos, así a ojo, unos 200 vecinos. Por supuesto existen unos estatutos que rigen la convivencia. Son como nuestra Constitución, una Carta Magna que recoge nuestros derechos y obligaciones como propietarios y que establece la unanimidad para ciertos cambios estructurales y de calado en el inmueble, o que un precepto determinado solo puede modificarse mediante un procedimiento de semejante valor normativo.
Además, en caso de vulneración, hay un tribunal de garantías que nos ampara. Esta compuesto por administradores de reputado prestigio y tienen que ser renovados por los tres quintos de los vecinos. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo, por lo que su mandato se prorroga y sigue vigente para salvaguardar nuestros derechos y obligaciones. Al menos hasta que haya ese consenso.
En la última reunión de vecinos se debatía la aprobación para construir una rampa que ayudar a la accesibilidad de los del 1ºC, una parejita de ancianos con movilidad reducida. Una inversión por unos 5.000 euros del dinero común. Sin embargo, a un vecino se le ocurrió que ese dinero se podría destinar a hacer un SPA en la primera planta. Total, esas personas ya son mayores y para lo que les quedaba en el edificio… La mitad más uno estaba de acuerdo.
Por supuesto, los residentes de esta zona pusieron el grito en el cielo ante semejante atropello. También los del segundo, ya que ellos pasarían a ser la primera planta y decían que quién garantizaba que no fueran los siguientes perjudicados. Los del octavo y noveno se abstenían. Miraban para otro lado, porque a ellos les pillaría lejos. Pidieron un receso en la votación y consultar a los administradores que, ya digo, actúan como tribunal de garantías.
La mitad más uno decidió que nada de aplazamientos y cambiaron los estatutos porque sumaban mayoría. En cada una de sus intervenciones, no dejaron de gritar que quienes eran esos golpistas del primero y el segundo para anteponerse a la voluntad popular, y que no reconocían a los administradores, porque su mandato, decían, había caducado; que ya estaba bien de atropellar a la democracia.
Así que, gracias a la voluntad popular y con el silencio de unos cuantos, se ha echado a todos los del primero y el segundo. Han sido expulsados del edificio. Aplastados. También a los que callaron, por cómplices. Ya no hay estatutos ni derechos, solo las obligaciones de seguir a rajatabla lo que diga el vecino al que, por el bien de todos, se le ocurrió malversar 5.000 euros para construir un SPA y, de paso, acabar con los opositores.
Por supuesto, esto es ficción. Nunca ha sucedido. Pero a lo mejor así se entiende mejor lo que están perpetrando estos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su banda de secesionistas, comunistas y filoetarras en España.
