Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Moncloa

El informe, solicitado por el Presidente de la Cámara, Pedro Rollán (PP), previo al trámite de la Ley en el Senado, pormenoriza y amplía los vicios de inconstitucionalidad ya detectados por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, señalando que “el texto que se recibe en el Senado debe continuar depurando los vicios de inconstitucionalidad señalados (y aún no resueltos) en las observaciones técnicas de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso”, considerando que “la Proposición de Ley incurriría en motivos de inconstitucionalidad por vulnerar varios principios, valores y derechos fundamentales que se contienen en la Constitución”. 

A mayor abundamiento, los letrados del Senado advierten a la Cámara de que “los vicios de inconstitucionalidad no podrían depurarse en esta fase ni en ninguna otra, pues supone una invasión del contenido esencial de varios derechos fundamentales y de la separación de poderes, que son las dos notas características del concepto de constitución”. Y añade este cuerpo jurídico que el proyecto de Ley de Amnistía, a causa de las irregularidades en el fondo y en la tramitación del procedimiento “podrían comportar una nulidad radical de lo actuado en el Congreso”. 

Entre otros motivos, los letrados del Senado señalan que la proposición de Ley es incompatible con los valores del Tratado de la Unión Europea, en la medida en que “de forma incorrecta, se remiten a una Directiva Europea que ya no resulta de aplicación”, pues ésta ya ha sido “traspuesta y, por tanto, está agotada”, y la norma de aplicación debe ser, en todo caso, el Código Penal español. 

No obstante, el cuerpo jurídico de la Cámara, que considera el Proyecto de Ley de Amnistía una reforma constitucional encubierta, también advierte de que, pese a su informe desfavorable, la tramitación de la Ley de Amnistía debe continuar, de acuerdo con el artículo 104 del Reglamento del Senado, señalando que el único efecto que tendría la no tramitación de la ley en la Cámara Alta es que la norma quedaría “aprobada incluso antes de lo previsto” y se perderían “dos debates políticos de máxima relevancia”.