El Grupo Municipal de Más Madrid Pinto ha registrado una moción para instar a la Comunidad de Madrid a que aplique la Ley de Vivienda y permita que Pinto sea declarado como zona tensionada, con el objetivo de que se apliquen las medidas recogidas en dicha ley, como la regulación del precio de los alquileres, o considerar como “gran tenedor” a los propietarios con más de cinco inmuebles, entre otras medidas.
Esta moción se ha registrado de forma conjunta en el resto de municipios donde Más Madrid tiene representación institucional. Además, el Grupo Parlamentario de Más Madrid llevó este tema a la Asamblea de Madrid la semana pasada. Como sucediera en la Asamblea de Madrid, la moción presentada por Más Madrid Pinto se debatirá en el pleno del próximo 26 de octubre.
Desde Más Madrid Pinto señalan que “el precio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha experimentado un importante incremento en los últimos años, junto a un incremento del 62% en la última década. Además, la región madrileña no solo presenta el precio más elevado de la vivienda en alquiler, sino que, además, está por encima de la media en de incremento interanual”.
“Para la población madrileña, la vivienda se ha convertido en el principal sumidero de sus ingresos. Ante esta alarmante situación, se hace imperativo abandonar las políticas que han demostrado ser un fracaso a lo largo de las últimas tres décadas en nuestra región y que están pensadas para precios altos”, afirma Jorge Moruno, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda en la Asamblea regional.
Por su parte, la portavoz de Más Madrid Pinto, Elena Ancos, asegura que “la dificultad del acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler en la Comunidad de Madrid y en Pinto ha alcanzado proporciones alarmantes. Pinto se ha convertido en una zona con precios prohibitivos para muchas familias y jóvenes, que tienen que realizar un gran esfuerzo para pagar su vivienda o su alquiler”.
Y desde la formación política señalan que, para declarar zona tensionada, el municipio debe cumplir al menos con uno de estos requisitos: que el coste medio de la hipoteca o el alquiler (contando gastos) supere el 30% de los ingresos medios de los hogares en el municipio, o, que el precio de compra o del alquiler en los últimos cinco años haya experimentado un crecimiento acumulado de, al menos, tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC en la Comunidad de Madrid.
