Continúan las quejas contra Sara Hernández por su gestión de la ZBE y el colapso en la tramitación de autorizaciones

El Partido Popular denuncia la falta de previsión del Gobierno local

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Getafe ha generado un «caos absoluto», según ha denunciado el portavoz del Partido Popular en el municipio, Antonio José Mesa. De hecho, tal es la situación que el Gobierno de Sara Hernández tuvo que aprobar una moratoria tras el colapso en la gestión de autorizaciones y la confusión entre los vecinos.

“La alcaldesa ha reconocido su pésima y desastrosa gestión, que ha provocado incertidumbre y desinformación entre los ciudadanos”, ha afirmado Mesa, quien también ha señalado que la regidora ha responsabilizado a los vecinos del colapso por no haber solicitado sus permisos con antelación.

Falta total de información

El portavoz popular ha recordado que el propio Ayuntamiento reconoció en un informe reciente que no ha contratado al personal necesario para gestionar la ZBE. A pesar de prever la necesidad de ocho trabajadores adicionales, solo dos empleados de la delegación de Movilidad están asumiendo la carga de trabajo. Como resultado, hasta el 4 de febrero se habían recibido 1.368 solicitudes de autorización, pero únicamente se han podido aprobar de manera provisional.

Plano de la ZBE de Getafe

Además, el documento admite fallos en la plataforma web del Ayuntamiento, así como numerosas incidencias en el registro y en el acceso al sistema, lo que ha dificultado aún más la tramitación de permisos. El Gobierno municipal también ha reconocido que no ha llevado a cabo una campaña de información adecuada, justificando la necesidad de un mayor periodo de divulgación.

Una ZBE sin planificación ni respaldo técnico

Según el informe, el Ayuntamiento todavía no ha enviado a la Dirección General de Tráfico (DGT) la información sobre la ubicación y características de la ZBE, lo que impide que los navegadores y apps de movilidad ofrezcan indicaciones precisas a conductores y empresas. Además, el Gobierno local tampoco ha solicitado subvenciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para financiar la implantación de la ZBE, pese a que estos fondos están disponibles a través de la Unión Europea.

El portavoz popular ha calificado la ZBE de Getafe como un “sinsentido abusivo” que no responde a una necesidad real de reducción de emisiones, sino a un afán recaudatorio. Según el informe municipal, no existen problemas graves de contaminación ni de tráfico en el centro de la ciudad. Aun así, el Ayuntamiento estima una recaudación de 1,5 millones de euros en multas, con sanciones de 200 euros por infracción y un incremento del 30% para los reincidentes.

Por todo esto, el Partido Popular de Getafe ya presentó alegaciones y reclamaciones contra la normativa, pero fueron rechazadas por el equipo de gobierno. Ahora, su portavoz ha confirmado que su formación está valorando presentar un recurso ante los tribunales.

 

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