Cerca de 60 trabajadores de la empresa de seguridad OMBUDS en Fuenlabrada podrían perder sus puestos de trabajo. Y es que la compañía solicitó al Juzgado número 13 de lo mercantil de Madrid la liquidación de la sociedad, toda vez que no llegaron a acuerdo alguno en el concurso de acreedores.

La portavoz del PP local, Noelia Nuñez, ha informado que la empresa adeuda entre proveedores y salarios cerca de 200 millones de euros. “Muchos de los trabajadores que prestan servicio en el Ayuntamiento de Fuenlabrada están cobrando con retraso sus nóminas y temen quedarse sin trabajo en los próximos meses”, alertan los populares fuenlabreños.

“Confiamos en que el gobierno de la ciudad no de la espalda a esas 60 familias que pronto podrán quedar sin trabajo porque su empresa desaparezca” ha afirmado Núñez, que ha pedido explicaciones al Gobierno local “sobre la renovación de un contrato que se llevó a cabo el pasado verano por un coste de 148.508 euros” con esta empresa.

GARANTIZAR EL SERVICIO Y LOS PUESTOS DE TRABAJO

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha recordado que este problema lo sufren en Metro o la EMT y ha informado a este respecto que viene trabajando desde el pasado verano “para garantizar tanto el servicio, como el mantenimiento de los puestos de trabajo de estos empleados y el pago de sus nóminas”.

Fuentes del Ejecutivo fuenlabreño señalan que “en la actualidad estos pagos se encuentran regularizados salvo en el caso de la nómina extraordinaria de verano”; y “dado que la empresa se encuentra inmersa en un proceso judicial es el Juzgado de lo Mercantil quien tiene potestad de resolver la rescisión del contrato”.

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada aseguran que “estamos trabajando en la elaboración de un pliego para volver a adjudicar el contrato de servicio de seguridad y subrogar a los trabajadores”, que es “el objetivo principal de este Gobierno”.

Finalmente, apuntan que “el contrato prorrogado por el Ayuntamiento el pasado mes de junio se refiere al mantenimiento de alarmas y no al de vigilantes, y es un contrato en el que no se había producido incidencia alguna”. Y que además “se activó la cláusula de prórroga antes de que se conociese el problema de impagos de la compañía de seguridad y la declaración del concurso de acreedores”.