Desde hace cuatro años media docena de familias llevan ocupando seis chalés de una urbanización situada entre las calles Batres y Griñón. A pesar de las distintas acciones judiciales emprendidas no se ha podido ejecutar el alzamiento de las viviendas.
Ahora, la organización Liga Española Pro Derechos Humanos ha anunciado que va a presentar una querella criminal en el juzgado de Navalcarnero contra estos okupas. Los vecinos de la zona han acudido a esta entidad para buscar una solución para tratar de echarlos. Uno de los motivos que se va a alegar es que los mismos están enganchados de forma ilegal a los suministros de luz y agua.
Las viviendas ocupadas se construyeron en la época de la burbuja inmobiliaria y están valoradas en 360.000 euros. La entidad bancaria Cajamar es propietaria de cuatro de los inmuebles ocupados y afirma que emprendió acciones legales en el año 2013 sin llegar a ninguna parte. Los otros dos chalets ocupados pertenecen a la promotora “Desmontes y Firmes”, actualmente en concurso de acreedores, y por tanto, desentendida por completo del problema.
Al principio de la ocupación, varios de los inquilinos tenían aparcadas atracciones de feria a las puertas de las cocheras de las casas. En estos momentos han desaparecido y los servicios municipales han acudido alguna vez a cortar los enganches de agua y luz.
La primera ocupación se produjo en 2013 y al ver que nadie les echaba otras cinco familias decidieron ocupar los inmuebles contiguos. No se trata en ningún caso de personas en exclusión social.
La Liga Española Pro Derechos Humanos se va a encargar de poner la denuncia debido a que los vecinos de la zona están imposibilitados para ponerla. Estos no están legitimados para denunciar la ocupación, puesto que esto es responsabilidad del propietario del inmueble.
“Estamos preocupados por la cantidad de quejas por ocupación que hay hoy en día. Ya no es gente que lo necesita, sino que son mafias que ocupan los inmuebles por la fuerza y que utilizan amenazas y chantajes contra los vecinos o propietarios”, indican desde la Liga Pro Derechos Humanos.
Desde esta asociación señalan que en España no se actúa contra los autores de ocupaciones de vivienda y consideran que “es un delito que debe ser penado con presidio” y se debe proceder al inmediato desalojo de las personas cuando acceden a un inmueble por ser perjudicial para el mercado del arrendamiento.
