CREAA ALCORCON

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón ha propuesto la apertura de juicio oral, contra la concejala del PP de Alcorcón Susana Mozo, investigada por presunta malversación y de prevaricación en la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA) por un valor de 34 millones de euros.

Mozo, en calidad de consejera delegada de la Empresa de Gestión Inmobiliaria (EMGIASA), firmó en 2012 el contrato de liquidación de las obras del CREAA cuando “carecía de los poderes necesarios” para una transacción por un montante tan alto, según el auto. Además se hizo “sin los informes técnicos preceptivos”, por lo que el juez entiende que ha podido cometer los delitos de malversación y de prevaricación.

El auto insiste en que la edil del PP “firmó en su condición de cargo público aprobado por el Ayuntamiento de Alcorcón sin tener poderes para ello, al carecer de facultades especiales” para resolver el contrato del CREAA, ya que estaba facultada “únicamente para firmar contratos hasta el límite de 90.000 euros”.

OBRAS HEREDADAS DEL GOBIERNO DEL PSOE

Los hechos se remontan a 2012, cuando era alcalde el actual consejero de la Vivienda y de Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, y segunda teniente de alcalde, Susana Mozo. La edil era además consejera delegada de EMGIASA, que el 28 de febrero de 2012 presentó un concurso voluntario de acreedores.

Y eso porque la empresa pública reconoció que mantenía una deuda de 33.993.505 euros por la construcción del CREAA, la mole de 66.000 metros cuadrados, ideado por el exalcalde socialista Enrique Cascallana. Unas obras que ocho años después no han terminado.

Se da la circunstancia que Mozo heredó una EMGIASA que, en tiempos de Cascallana, fue gestionada por su número dos y hoy alcaldesa, Natalia de Andrés. Gestión por la que le Fiscalía le pide cinco años de inhabilitación. Y ya en la oposición, durante el Gobienro de David Pérez, fue De Andrés quien denunció a Mozo por los hechos que ahora investiga el juez.

Así el magistrado expone que Mozo habría autorizado la liquidación de esos cerca de 34 millones de euros con la firma de un contrato con una unión temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman. Algo para lo que no estaría facultada al exceder “el límite de 90.000 euros”, y por lo que ahora se le abre juicio oral.

DIMISIÓN

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, e impulsora de esta denuncia, ha pedido este miércoles la dimisión de Mozo si no aclara esta situación. “No estamos en diligencias previas, estamos en la apertura de juicio oral porque el juez ve indicios de varios presuntos delitos”, señala la regidora, que califica la situación de “muy grave”. En este sentido, De Andrés ha pedido también explicaciones a David Pérez.