La empresa municipal de limpieza y recogida de residuos de Alcorcón, ESMASA, contrató por casi 10.000 euros a un detective privado para espiar a una trabajadora discapacitada cuyo despido ha resultado ser finalmente improcedente.
Se trata de uno de los contratos menores por los que ESMASA destinó en total 9.365,4 euros para pagar los servicios profesionales de un investigador privado, para hacer labores de control de absentismo laboral. La fecha de adjudicación fue el 29 de diciembre de 2019, como consta en documentación a la que ha accedido Al Cabo de la Calle, y ya con Jesús Santos, líder de Podemos en la Comunidad de Madrid y segundo teniente alcalde, al frente de la empresa pública.
Se trata de uno de los contratos menores por los que ESMASA destinó en total 9.365,4 euros a un investigador privado para hacer labores de control de absentismo laboral
Los primeros trabajos del detective empezaron en diciembre de 2019 y consistieron en seguir a una trabajadora discapacitada de la compañía pública, a la que finalmente se acabó despidiendo el 11 de marzo de 2020, con efectos a día 13 de marzo. Se justificó esta decisión de acuerdo a los informes del espionaje, por las que la empresa le impuso a la empleada una falta muy grave que motivó el final de la relación contractual.
El juez condena a ESMASA a pagar 60.245,19 euros a una trabajadora con discapacidad despedida de forma improcedente
Ella, con un 33% de discapacidad reconocido, recurrió a la justicia, que ha acabado por darle la razón, tal y como consta en la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, fechada el 17 de febrero de 2021, de la que este miércoles hemos dado cuenta en este periódico.
De esta manera, el juez condena a ESMASA a pagar 60.245,19 euros a la empleada espiada, o en su defecto reincorporarla, en cuyo caso deberá abonarle los salarios dejados de percibir desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha del fallo, a razón de 94,58 euros diarios.
