Segundo varapalo judicial para la empresa pública de recogida de residuos de Alcorcón (ESMASA) que dirige el segundo teniente alcalde y líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos. Y es que el Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles declarado improcedente el despido de una mujer trabajadora y con una discapacidad del 33%.

Así, la Justicia condena a ESMASA a pagar 60.245,19 euros a esta empleada o en su defecto reincorporarla, en cuyo caso deberá abonarle los salarios dejados de percibir desde el 13 de marzo de 2020, cuando entró en vigor su despido, hasta la fecha del fallo (17 de febrero de 2021), a razón de 94,58 euros diarios.

De origen latinoamericano, G. B. D. A. (sus iniciales) llevaba trabajando como peón en la empresa municipal desde el 2003. En 2017, la Inspección de Trabajo requirió a ESMASA que hiciera un reconocimiento médico a la trabajadora, que solicitó una adaptación de su puesto de trabajo. Y es que un año antes (2016) se le reconoció una discapacidad del 33%, siendo declarada la incapacidad temporal por mialgia y miositis neom el 11 de noviembre de 2019, ya con el líder de Podemos al frente de la empresa municipal.

En menos de diez días, la Justicia ha revocado dos despidos de trabajadores discapacitados ejecutados por la empresa municipal que dirige el líder de Podemos en Madrid

El Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, en su sentencia del 17 de febrero de 2021, considera como hecho probado que ESMASA puso un detective privado para seguir a G. B. D. A., y de acuerdo al informe de éste, la compañía pública le notificó el despido por “faltas muy graves” el 11 de marzo de 2020, con efectos al 13 de marzo, junto cuando entraba en vigor el confinamiento decretado por la pandemia.

En esa fecha precisamente, Al Cabo de la Calle habló con ella, que consideraba injusto dicho despido. En ese momento y todavía hoy, su marido padecía cáncer, lo que sumado al estrés del confinamiento y si situación laboral, perjudicaba gravemente a la trabajadora municipal, que el 28 de marzo decidió interponer esta demanda que ahora le ha sido reconocida.

DESPIDO IMPROCEDENTE, NO NULO

Aunque la empleada municipal había solicitado el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, el Juzgado no considera que hayan sido violados. Eso sí, el magistrado sentencia que los hechos acreditados por ESMASA “no son constitutivos de una falta muy grave”. En los informes presentados por G. B. D. A. “no consta por su diagnóstico que necesite reposo absoluto o relativo”.

También, que el seguimiento del detective privado durante tres días refleja “hechos puntuales de los que no cabe extraer que haya fingido o simulado su incapacidad y perjudique su recuperación”. Por ello, “la sanción de despido improcedente no es adecuada y proporcional”.

En cuanto al detective privado, pese a que el juez manifiesta que “tal poder empresarial no es absoluto, pues estamos en un régimen de libertades democráticas y no en un sistema feudal”, estima que el seguimiento a G. B. D. A. no ha vulnerado su intimidad. De ahí, pues, que el despido sea improcedente y no nulo.

SEGUNDO DESPIDO REVOCADO DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Sea como fuere, lo cierto es que en menos de diez días, la Justicia ha revocado dos despidos ejecutados por la empresa municipal que dirige el líder de Podemos en Madrid. El primero de ellos costó a las arcas municipales 50.000 euros, si bien se ha recurrido. Sumándose estos 60.000 euros, el montante que recae sobre los vecinos de la ciudad asciende a 110.000 euros.