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(ALCORCÓN) Santos achaca al «ruido» mediático los 300.000 euros en condenas por despidos improcedentes en ESMASA

El último Pleno de Alcorcón abordó los 300.000 euros que ESMASA debe pagar a cuatro trabajadores que despidió de forma improcedente, tras varias sentencias que así lo acreditan. Un dinero que incluye los 10.000 euros del detective que investigó a tres de ellos.

Los trabajadores afectados por esta decisión de la empresa pública de Alcorcón son dos personas con discapacidad, una de ellas mujer, un empleado con incapacidad y otro que en el momento de su despido estaba siendo desahuciado.

Fue la portavoz del PP local, Ana Gómez, la que pidió explicaciones al presidente de ESMASA y segundo teniente alcalde, Jesús Santos, del que dijo no sabe «qué problema tiene con las personas con discapacidad».

Gómez calificó de «vergonzoso y bochornoso» lo que ocurre en ESMASA. «No sé cuántas sentencias más nos vamos a encontrar porque el oscurantismo y ESMASA van unidos por la gestión del señor Santos. De momento ya son casi 300.000 euros de dinero público, que vamos a pagar en despidos improcedente por capricho del señor Santos», señaló.

Además le espetó que «están despidiendo a trabajadores únicamente porque no piensan como usted. A la vez, contrata a los que sí piensan como usted».

ABSENTISMO LABORAL

En su turno y una vez cuestionado, el presidente de ESMASA recordó a la edil del PP que «en 2019 no se recogía la basura, había servicios prestados fuera de la ley y hasta no estaba registrada la empresa», lo que hacía «peligrar» su estabilidad.

«Su gestión fue a base de negligencias y chapuzas, con un elevado absentismo en la empresa y conflictividad. Y eso lo hemos cambiado», espetó Jesús Santos.

Y en cuanto a estos cuatro despido, el segundo teniente alcalde lo achacó a «ruido» y acusó al PP de «mediatizar un caso», con el que «no me hacen daño a mi, sino a la ciudad».

«Como ocurre en cualquier empresa, cuando fallan las soluciones técnicas, médicas y no se llega al acuerdo hay que ir a la vía judicial y por supuesto respetamos estas decisiones», puntualizó sobre los casos que, por el momento, cuestan a las arcas municipales casi 300.000 euros.