Cuarta condena a ESMASA por despido improcedente. El Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles ha condenado a la empresa municipal de recogida de residuos de Alcorcón, a pagar 94.788,23 euros, a un trabajador con incapacidad temporal (IT), al que se vigiló durante cuatro días a través de un detective privado. Periodo que coincidió con el proceso de desahucio que estaba sufriendo.

Según consta en la sentencia que obra en poder de Al Cabo de la Calle, el empleado prestaba sus servicios en ESMASA desde 1994. Tras 25 años en la compañía pública, el 4 de julio de 2019 inició una IT corta por mareos acreditados por los médicos. En enero de 2020, el facultativo emitió un nuevo parte médico donde la IT cambiaba de corta a larga, por vértigos aunque sin lesiones cerebrales.

Paralelamente, el trabajador estaba sufriendo un proceso de desahucio de su vivienda en Móstoles, y mientras estaba de baja por incapacidad, continúo haciendo vida normal. Durante cuatro días, ESMASA contrató a un detective privado para vigilarle, y de acuerdo al informe final, le comunicó su despido por falta muy grave el 11 de marzo de 2020, tres días antes del inicio del Estado de Alarma por la Covid-19.

El afecto recurrió el despido y ahora, en sentencia del 20 de abril del 2020, el Juzgado de lo Social de Móstoles le ha dado la razón. El juez entiende que “los hechos acreditados por ESMASA no son constitutivos de una falta muy grave”, ya que por su incapacidad “no consta que necesite reposo absoluto o relativo”.

CASI 300.000 EUROS EN CONDENAS

Este nuevo fallo contra ESMASA se suma a otros tres, que afectaron a dos trabajadores discapacitados y a uno con incapacidad. En el primer caso, la empresa pública de Alcorcón fue condenada a pagar 50.000 euros; en el segundo, que afectaba a una mujer con discapacidad, la pena ascendía a 60.000 euros; en el tercer caso, el montante era de 65.000 euros. En los tres, la empresa ha recurrido.

Sumados a estos 95.000 euros, más los 10.000 que costó la contratación de un detective privado para vigilar a estos trabajadores, la empresa pública de Alcorcón, que dirige el segundo teniente alcalde y líder de Podemos, Jesús Santos, tiene un agujero pendiente de pago en despidos improcedentes de casi 300.000 euros.