Aristóteles fue de los primeros filósofos que abogó por la separación de poderes. Sin embargo, la historia recuerda que Locke, y sobre todo Montesquieu, fueron los padres de la teoría de la división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En síntesis, viene a suponer que los dos primeros poderes -compuestos por políticos de más o menos cualificación- perfilan las leyes que luego el tercer poder -los jueces- aplicarán.

Pero: ¿qué ocurre cuando el legislador -recuerden, los políticos- es vago y ambiguo en la definición de la ley que deben aplicar los jueces? Pues que aparece la interpretación del derecho y pueden darse situaciones esperpénticas como la última sucedida en el Tribunal Supremo y sobre su marcha atrás en quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) -el más alto de toda Europa-.

El Alto Tribunal decidió primero que eran los bancos quienes deberían pagar este impuesto. Sin embargo, y ante el revuelo generado, este martes, 6 de noviembre, sus señorías se desdijeron -en un ajustado 15 a 13- y cambiaron el sentido de la jurisprudencia sentenciando que son los clientes los que deben soportar esta carga impositiva sobre la que conviene hacer memoria histórica.

Se va intentar hacer creer que el problema de España es la falta de independencia de sus 5.637 jueces en activo, cuando existen medio millar de políticos que no saben como legislar y llenan de impuestos cada paso que damos

Y es que el conocido como impuesto de las hipotecas está cedido a las comunidades autónomas -ellas son quienes, finalmente, se llevan el dinero- a través del Real Decreto 1/1993, de 24 de septiembre. Es decir, estamos ante un gravamen creado por un Gobierno socialista (el de Felipe González) que ningún otro en Democracia se ha atrevido a eliminar. Por lo que pagara quien pagara, banca o clientes, daba igual la decisión del Supremo.

Quienes siempre iban a ganar eran las comunidades autónomas -los políticos-, pues los bancos, al final, debían ingresar el dinero del AJD a las arcas de las administraciones regionales -ocupadas por políticos-. Y esas comunidades son las mismas que se sacaron de la manga aquellas cajas de ahorro que finalmente hubo que rescatar -recuerden que en sus consejos administrativos había políticos de uno y otro pelaje-. Y son las mismas que nos cosen a impuestos, incluso ya muertos.

Sin embargo, el mensaje lanzado por la izquierda radical -Podemos- ha sido el de la banca gana, en un intento de manipular el imaginario colectivo. Y lo más grave, se ha aprovechado para atacar a los jueces del Supremo -torpes en todo este proceso-. El presidente Pedro Sánchez, como buen oportunista, se ha subido a este carro diciendo que va a modificar la ley para que sean los bancos quienes paguen el AJD, desdiciendo así la decisión judicial. ¿Y por qué no lo elimina? ¿No se pagan ya suficientes impuestos para adquirir una vivienda? ¿No nos ‘atracan’ demasiado las comunidades autónomas a tasas impositivas a los contribuyentes? ¿No son las regiones gobernadas por el PSOE -como la de Aragón, por ejemplo, con el podemita Echenique de cómplice- las que más alto tienen este impuesto?

Pues básicamente la respuesta se sustenta en porque todo vale para socavar y mermar la independencia del Poder Judicial. Viene en el ADN del PSOE y sus colega de más a la izquierda -Podemos. Como ya ocurrió en 1985, tras aprobarse la LOPJ. Año en el que Alfonso Guerra -socialista de pro- dijo aquello de ‘Montesquieu ha muerto’. Estos días se va intentar hacer creer que el problema de España son sus jueces. Pero reflexione, querido lector, y piense que en España hay 5.637 jueces en activo, mientras que el número de políticos, según Europa, ronda el medio millón en todas las administraciones. Incluida la autonómica, esa que se acaba llevando el impuesto de las hipotecas y no deja de chuparnos la sangre y el bolsillo a cambio de unos servicios lamentables.