Este pasado fin de semana, vecinos de Los Molinos manifestaban su preocupación por los humos que emitía la fábrica de Corrugados en Getafe. Además alertaban del mal olor en el barrio y pedían explicaciones a los organismos municipales y autonómicos.

Desde el Ayuntamiento respondían que “el Gobierno municipal se posiciona claramente al lado de los vecinos”. Y explicaban en este sentido que “el Ayuntamiento no tiene herramientas legales para prohibir dicha actividad ni para obligar a la empresa a trasladarse”.

De esta manera justificaban que es competencia de la Comunidad de Madrid el control de la instalación, así como la autorización de licencia de apertura y actividad de la fábrica. Insistiendo además que han solicitado una reunión a la Dirección de la empresa para que “se haga cargo de las soluciones a las quejas de los vecinos porque si no, nos tendrán en frente”.

Por otro lado, desde el Ejecutivo planteaban que “la solución pasa porque la empresa cumpla con la Autorización Ambiental Integrada de la Comunidad de Madrid o bien que el Gobierno regional no le conceda dicha autorización”.

“FALTA DE RIGUROSIDAD”

Estas últimas afirmaciones no sentaban nada bien en Comisiones Obreras Industria de Madrid. El sindicato mostraba su “sorpresa y malestar” por estas declaraciones del Gobierno de Sara Hernández, al que acusaba de “falta de rigurosidad”.

De esta manera, CCOO decía que desde que en 2017 se concedió la Autorización  Ambiental Integral se instaló un sistema de medición continuo, “que cada dos minutos envía datos a la Comunidad sobre emisión de contaminantes”. Así mantenían que la Autorización es pública y que los requisitos que se exige a Corrugados “están por encima de los marcados por la ley” y “los que se exigen a otras siderúrgicas”.

También sostenían desde CCOO que se han colocado pantallas acústicas y que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento realizan inspecciones sin previo aviso, “sin que hasta el momento se hayan encontrado anomalías”.

En cuanto a los humos del fin de semana, el sindicato explicaba que “es vapor de agua sin ningún agente contaminante”. Y “dado que el Ayuntamiento decidió realizar un desarrollo urbanístico próximo a la fábrica, que lleva allí muchos años, es responsabilidad de la administración garantizar la calidad de vida de los vecinos”. Asegurando que “la empresa ha realizado todos los esfuerzos que se han exigido”.

Finalmente, CCOO agradecía a los vecinos sus quejas y presión “que sin duda han contribuido a incrementar las medidas de protección”. Pero pedían “una mayor responsabilidad a los representantes políticos”. Ya que “declaraciones como éstas ponen en peligro los puestos de trabajo”.