Aprobada la ley de vivienda que busca aumentar edificabilidad e impulsar pisos protegidos en la región
La Asamblea de Madrid ha aprobado la nueva Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda, una norma con la que el Gobierno regional pretende impulsar la construcción de nuevos inmuebles, agilizar los desarrollos urbanísticos y aumentar la oferta residencial, especialmente la de vivienda protegida. La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, mientras que Vox se ha abstenido y los grupos de izquierda han votado en contra.
La nueva legislación incorpora una batería de medidas orientadas a movilizar suelo disponible, reducir trabas administrativas y acelerar la puesta en marcha de promociones residenciales. El Ejecutivo autonómico defiende que aumentar la oferta es la vía más eficaz para facilitar el acceso a la vivienda y contribuir a moderar los precios en una región donde la demanda continúa creciendo.
Entre las principales novedades destaca la posibilidad de incrementar la edificabilidad y la densidad en parcelas de titularidad pública destinadas a vivienda protegida que todavía no han sido desarrolladas. Según la Comunidad de Madrid, esta medida permitirá aprovechar mejor el suelo disponible y aumentar la capacidad de construcción de vivienda asequible.
Durante el debate parlamentario, la diputada del PP Paula de las Heras defendió la necesidad de seguir construyendo y movilizando suelo para responder a las necesidades actuales de la población. La parlamentaria reivindicó las políticas impulsadas por el Gobierno regional en materia de vivienda y aseguró que Madrid lidera la construcción de vivienda protegida en España.
De las Heras sostuvo que las nuevas herramientas urbanísticas son necesarias para adaptar la región a los retos actuales, agilizando trámites y facilitando el desarrollo de proyectos residenciales. En este sentido, enmarcó la nueva norma dentro de una estrategia más amplia de reformas urbanísticas y de vivienda promovidas por el Ejecutivo autonómico.
Sin embargo, la ley ha encontrado una fuerte oposición por parte de los grupos de izquierda y también ha recibido críticas desde Vox, aunque la formación decidió abstenerse en la votación.
La diputada de Vox Beatriz Tejero cuestionó la eficacia de la norma y aseguró que no solucionará el problema de acceso a la vivienda porque, a su juicio, no contempla la construcción de nuevas viviendas públicas. Además, criticó que la ley no tenga en cuenta el crecimiento demográfico de la región y mostró su preocupación por el impulso a fórmulas como el coliving, que, según afirmó, no pueden considerarse vivienda protegida ni forman parte del parque público residencial.
Desde el PSOE, el diputado Javier Guardiola acusó al Gobierno regional de priorizar los intereses de los promotores inmobiliarios frente al objetivo de garantizar viviendas asequibles para la ciudadanía. A su juicio, la norma busca incrementar la rentabilidad de los proyectos urbanísticos mediante mayores niveles de edificabilidad sin abordar suficientemente aspectos como la cohesión social o la planificación de los servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano.
En una línea similar, el diputado de Más Madrid Jorge Moruno aseguró que las políticas desarrolladas hasta ahora por la Comunidad no han servido para incrementar el parque de vivienda protegida al ritmo necesario. Además, criticó que algunas de las nuevas medidas otorguen un mayor protagonismo a la iniciativa privada en el desarrollo de infraestructuras y equipamientos asociados a los nuevos desarrollos urbanísticos.
Más allá del debate político, la ley incorpora cambios relevantes en la gestión urbanística. Entre ellos figura la posibilidad de que los ayuntamientos autoricen temporalmente alojamientos en parcelas industriales vacantes situadas en áreas urbanas consolidadas, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico. El Gobierno regional considera que esta medida permitirá dar uso a terrenos infrautilizados y responder a nuevas necesidades vinculadas a la movilidad laboral y residencial.
Otro de los aspectos destacados es la simplificación administrativa. La norma establece la aplicación del llamado silencio positivo en determinados informes sectoriales, de forma que, si estos no se emiten en un plazo máximo de tres meses, los procedimientos urbanísticos podrán continuar su tramitación. Con ello, la Comunidad de Madrid pretende reducir los retrasos burocráticos, evitar bloqueos administrativos y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los proyectos de vivienda.
Con su aprobación definitiva, la Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda abre una nueva etapa en la política urbanística madrileña. Mientras el Gobierno regional la presenta como una herramienta clave para aumentar la oferta residencial, la oposición mantiene sus dudas sobre su capacidad real para facilitar el acceso a la vivienda y contener el aumento de los precios.