Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O al menos ese es el espíritu recogido explícitamente en el artículo 24 de la Constitución Española.
En un Estado de Derecho, «lo contrario» se evidencia en los tribunales, la prueba le corresponde al que acusa y el juez es el que dicta sentencia; no un político, fiscal o tertuliano. Al menos era así cuando acabé mis estudios de Derecho y me licencié en la Carlos III. Pero en esta España de Pedro Sánchez, donde la Constitución vale menos que un bolívar venezolano, uno ya no sabe qué pensar.
En fin, que con el revuelo de estos días, recordaba aquellos tiempos en la Facultad, y llegaba a la conclusión que quien tenga pruebas contra Ayuso, que vaya a un tribunal y lo demuestre. Mientras tanto, ella es inocente.
Como lo es Íñigo Errejón, hasta que no haya sentencia en contrario que acredite su presunta agresión a un anciano; o Ada Colau, citada a declarar el 4 de marzo como imputada, por el presunto pago de más de 60 millones de euros a empresas amigas. Pues también es inocente, hasta el día de la sentencia.
Quien no lo es, al menos en primera instancia, es la alcaldesa de Alcorcón, ya condenada por la quiebra de EMGIASA, y ahí sigue de regidora, junto a dos cargos de confianza, también condenados. Hasta aquí, la diferencia entre inocentes y condenadas.
