El segundo informe del médico forense, adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga si hubo responsabilidades penales por las marchas del 8-M y su incidencia en el número de contagios y fallecidos por coronavirus, afirma que “la hecatombe en España se veía venir”. Y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación. Conclusión a la que también ha llegado la Guardia Civil.

“La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque ‘a posteriori’ es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista”, explica el forense, sin especificar a qué dirigente se refiere.

El documento el médico forense adscrito al Juzgado de instrucción número 51, reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo porque no se alertó del “gran riesgo” que existía de contagiar el coronavirus.

También recoge que no se hizo una valoración de riesgos como pidió la OMS el 14 de febrero, ni se atendió a “algunas” de las recomendaciones de la alerta europea del 2 de marzo, lo que habría minorado “el daño a la salud” y “las consecuencias económicas y sociales”.

El médico forense ratifica las cuatro conclusiones del informe preliminar, el del 19 de abril, ya que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid “se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan”. Ese mismo día, según el informe, “en la Delegación del Gobierno se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del riesgo para los ciudadanos”.

El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una “amplia difusión” de la Covid-19, “de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio” habría facilitado que los ciudadanos “adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad”.