El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado denegar las medidas cautelares solicitadas por el Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Consistorio, con las que querían paralizar la puesta en marcha de Madrid Central.
En la resolución, los magistrados recuerdan a las administraciones involucradas que deben «respetar en sus actuaciones los principios de cooperación y colaboración en aras a la eficaz consecución de los fines de interés general que demanda el ejercicio de sus propias competencias».
En este caso, afirma la Sala, esos principios no han regido las relaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad, pese a «la trascendencia que tiene para los ciudadanos la restricción de la circulación vial que entraña la aplicación de la disposición general impugnada».
Esta circunstancia, continúa la resolución, demandaba y demanda la implicación activa y «coordinada de ambas administraciones territoriales, con el objeto de cumplir el fin primordial de su propia existencia: servir con objetividad los intereses generales».
Tras conocerse el fallo, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha llamado a la Comunidad de Madrid a que «desista de seguir por la vía judicial» y que «empiece a trabajar desde la colaboración y la coordinación con el Ayuntamiento en beneficio de la salud y la ciudadanía».
Por su parte, desde el Gobierno regional no lo cnosideran un «batacazo» e insisten en que «el TSJM sigue estudiando y analizando los razonamiento desde el punto de vista de invasión de competencias. En ningún caso consideramos que pueda ser una desautorización».
