Antonio José Mesa exige a la alcaldesa una auditoría del padrón municipal ante las posibles irregularidades en el censo electoral
El PP de Getafe reclama una auditoría del padrón municipal ante las posibles irregularidades que, a su juicio, podrían afectar a la fiabilidad del censo electoral. El portavoz popular y candidato a la Alcaldía, Antonio José Mesa, ha solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para exigir explicaciones a la regidora y reclamar una doble revisión: una auditoría interna del Ayuntamiento y otra externa que permita garantizar la transparencia del proceso.
La iniciativa llega después de que los populares hayan vuelto a denunciar la presencia de personas supuestamente empadronadas en viviendas de Getafe en las que, según los propietarios, no residen. El PP sostiene que estas incidencias ya fueron comunicadas en noviembre de 2025, cuando aparecieron empadronados adicionales en los recibos de la tasa de basuras, y asegura que la situación se ha repetido un año después.
En aquella ocasión, el Gobierno municipal calificó los casos de «incidencias mínimas». Sin embargo, los populares consideran que la persistencia de estas situaciones obliga a revisar el funcionamiento del padrón y a esclarecer si existen deficiencias en su gestión.
«Queremos transparencia, luz y taquígrafos en Getafe. Todas estas irregularidades tienen relación directa con el censo electoral y ponen en riesgo la limpieza de los procesos electorales», ha defendido Mesa.
El PP vincula sus sospechas al aumento del voto por correo
La formación popular también ha puesto el foco en la evolución del voto por correo en la ciudad. Según los datos aportados por el PP, «Getafe registró un incremento del 44% en las solicitudes entre las elecciones municipales de 2019 y las de 2023, al pasar de 3.088 a 4.440 peticiones». Los populares aseguran que fue el mayor aumento entre los grandes municipios madrileños gobernados entonces por el PSOE.
Mesa considera que este crecimiento, unido a las incidencias denunciadas en el padrón, hace necesario que el Ejecutivo local aporte explicaciones y garantice que el censo electoral refleja correctamente la realidad de la población.
Para justificar su petición, el PP también ha aludido a los casos de presuntas irregularidades en empadronamientos detectados en otros municipios, como Gandía, donde, según la formación, intervinieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El portavoz popular ha dirigido sus críticas directamente a la alcaldesa y ha asegurado que «la sombra de la sospecha está sobre Sara Hernández». Ha acusado a la regidora de actuar siguiendo las prácticas del PSOE nacional y ha vinculado sus denuncias con anteriores resoluciones de la Junta Electoral que, según sostiene, dieron la razón al PP en diez ocasiones por el uso partidista de recursos y medios institucionales durante la precampaña.
El caso del concejal de Seguridad añade presión a la petición
La reclamación de una auditoría también coincide con la investigación judicial sobre el presunto acceso a datos personales de vecinos que estaban restringidos a la Policía Local. El concejal de Seguridad del Gobierno de Sara Hernández está investigado por un presunto delito de revelación de secretos y, según la información facilitada por el PP, tenía previsto declarar el 17 de noviembre ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getafe.
Los populares consideran que este procedimiento hace todavía más necesario someter la gestión y custodia de la información municipal a controles que garanticen su protección.
«Que un miembro del Gobierno de la alcaldesa esté imputado por el acceso a datos de los vecinos hace aún más necesario que la gestión y la custodia del padrón municipal sean absolutamente transparentes y estén sometidas a control», ha señalado Mesa.
Con la petición de un Pleno extraordinario, el PP pretende que el Gobierno local se pronuncie sobre la realización de las dos auditorías y dé explicaciones sobre las incidencias denunciadas. La formación reclama así una revisión de los datos del padrón y de los procedimientos de gestión, en un debate que ha situado en el centro la transparencia municipal y las garantías del censo electoral.