El Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 5 de Getafe ha citado a declarar al gerente de GISA, Juan Manuel Hernández, y la exconcejal del PSOE de Getafe y ahora no adscrita, Mónica Cerdá, como investigados -anteriormente imputados- por presuntos delitos de corrupción en el marco del ‘caso Ganga’.

Hernández deberá comparecer ante el juez en la mañana de este martes, 29 de enero, a las 11.15 horas. Un cuarto de horas después, a las 11.30, será el turno de Cerdá. Los dos se encuentran investigados por un posible delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos.

En la providencia dictada por el magistrado a la que ha accedido Al Cabo de la Calle, se señala que la posibilidad de que la socialista Sara Hernández sea citada como imputada, como así lo ha requerido el PP de Getafe como denunciante del caso, dependerá de las declaraciones en sede judicial del gerente de GISA y de la concejal.

60.000 EUROS POR 29 DÍAS DE TRABAJO

En este caso se investiga el pago de 60.000 euros en concepto de indemnización al abogado Alberto Ganga, que únicamente trabajó en la empresa municipal GISA durante 29 días y en un período de pruebas que no superó.

El PP de Getafe, al conocer este pago efectuado bajo el Gobierno de Sara Hernández, presentó una querella contra la alcaldesa como presidenta del consejo de administración de GISA; contra la concejal Mónica Cerdá, entonces consejera delegada de la empresa pública; contra Juan Manuel Hernández, gerente de la sociedad municipal; así como contra Alberto Ganga.

MÓNICA CERDÁ APUNTA A SARA HERNÁNDEZ

Como consecuencia de esa querella, la Policía citó como ‘investigados no detenidos’ a la edil Cerdá, al gerente de GISA y al abogado Ganga por un posible delito de malversación. De acuerdo al atestado policial,  Cerdá dijo textualmente que “fue la Alcaldía quien dio las indicaciones pertinentes a la Gerencia (de GISA)”, con lo que implicó directamente a Sara Hernández en el ‘caso Ganga’.

Pero ahora es el propio juez quien pretende esclarecer un asunto que apunta directamente hacia la alcaldesa, que podría ser citada de nuevo como imputada. Sara Hernández arrastra otra investigación judicial, derivada de los vertidos de aguas residuales al río Manzanares. Su declaración estaba prevista para el pasado 9 de enero, pero fue aplazada porque el magistrado requirió información adicional sobre este mismo caso al Ayuntamiento de Getafe.