La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha abierto sendos expedientes sancionadores a ocho concejales de la oposición, seis del Partido Popular y dos de VOX, por discrepar con la convocatoria al Pleno del Debate del Estado de la ciudad celebrado el pasado mes de noviembre del 2020.
Precisamente en esa fecha, De Andrés anunció que abriría expediente a estos ediles, en base al artículo 21.1 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM). «Vamos a aplicar este artículo 21.1 como no puede ser de otra manera, porque si no sería una tomadura de pelo a todos aquellos vecinos que están pagándoles el sueldo», decía De Andrés a los medios de comunicación.
Los concejales de PP y VOX no estaban de acuerdo con la convocatoria por no cumplir los requisitos legales. El Reglamento obliga que las comparecencias deben ser registradas y comunicadas con 6 días de antelación, y en esta ocasión la alcaldesa lo hizo solo con dos días.
«Tradicionalmente, en anteriores legislaturas, el Debate del Estado de la Ciudad se ha convocado siempre, con al menos 15 o 20 días de antelación, con el fin de dar la oportunidad a todos los grupos políticos a preparar el debate en condiciones de plena igualdad, dada su importancia y duración», recuerdan desde el PP.
Algo que no sucedió ya que a su juicio «estaba convocado de forma maliciosa y con la única intención de impedir un debate con las mismas condiciones para todos los grupos políticos e intentar hurtar la crítica política de la oposición». Por lo que decidieron no acudir.
EXPEDIENTE SANCIONADOR SIN PRECEDENTES
Tras la celebración del Pleno extraordinario, los concejales del PP presentaron recurso de reposición al Ayuntamiento, «al tiempo que la alcaldesa gestaba la sanción», que insisten: «busca reprimir arbitrariamente el legítimo derecho de nuestros concejales a ejercer la crítica política».
Así sostienen que el régimen sancionador no está detallado en el Reglamento Orgánico Municipal, pero «Natalia de Andrés se ha empeñado en expedientar ocho ediles, a pesar de que se ha interpuesto un recurso contra este abuso de poder y que, a todas luces el mismo paralizaría la instrucción del expediente sancionador».
Se trata de una decisión sin precedentes en el municipio y a su vez, los populares recuerdan que Natalia de Andrés y su grupo abandonaron en muchas ocasiones el Pleno en otras legislaturas «y nunca se interpuso una sanción para cercenar sus derechos».
