El pasado mes de octubre, la asociación La Casa de Pinto organizó un acto donde anunció su intención de gestionar sin ánimo de lucro el antiguo Pintogym, coincidiendo con su cierre provisional, y hasta que el Ayuntamiento sacara a concurso la nueva licitación. Una medida en la que se pretendía seguir prestando el servicio para no perjudicar a trabajadores y usuarios.

Sin embargo un mes más tarde, La Casa de Pinto ha entregado por Registro del Ayuntamiento un escrito donde renuncia a prestar este servicio, después de que su equipo jurídico haya detectado una serie de irregularidades en la adjudicación de 2017 que pide sean investigadas, habiendo aportado al Consistorio documentos en este sentido.

El escrito fechado a 20 de noviembre y al que ha podido acceder Al Cabo de la Calle, muestra la “honda preocupación” de la entidad pinteña “por las condiciones en que se adjudicó el contrato” al anterior adjudicatario”. Y es que creen que hay indicios de una posible franquicia o subcontratación a terceros porque Sportmadness, empresa que ganó el concurso en 2017, es una organización de eventos deportivos y ejecución de actividades extraescolares “que nunca ha estado especializada en la gestión de gimnasios”.

Desde La Casa de Pinto señalan que “dentro de su actividad como prestadora de servicios realizados con maquinaria o actividades propias de gimnasios, sus actividades parecen nulas”, y adjuntan los informes mercantiles sobre los contratos en este sentido de la empresa.

FRANQUICIA

La asociación explica que Sportmadness ofrece franquicias en la zona sur por valor de 20.000 euros y que Carlos Solís Martínez, “que aparece como gerente de Sportmadness en la publicidad institucional”, es el responsable de la gestión del antiguo Pintogym. Pues bien, siempre según la versión de La Casa de Pinto, una empresa de Solís -Sport CTV Gestión Deportiva y Ocio- formalizó una ampliación de préstamo hipotecario en diciembre de 2.017 por un importe de 20.000 euros, “lo que pudiera resultar un indicio de que el dinero del préstamo se utilizó para la compra de la franquicia o bien para la compra de la maquinaria del gimnasio”, algo que incurriría en una “infracción de la Ley de Contratos del Sector Público”.

“No se ha comprobado notificación ni comunicación alguna de que el contrato haya sido cedido a terceros ni que haya subcontratación cuando existen pruebas indiciarias de que el gimnasio ha sido gestionado por Carlos Solís”, dice la asociación pinteña, que sostiene que “la compra de maquinaria actual se hizo a uno de los participantes a la licitación y por medio de una empresa que no era Sportmadness”, por lo que creen que no se cumplió con el pliego de condiciones.

“Lo que hace insostenible nuestra continuidad en la proposición planteada ante los graves problemas de seguridad jurídica que motiva la forma en que se realizó la anterior adjudicación. Instando a este organismo a que nos aclare si realmente los medios y la instalación están en condiciones óptimas de uso y las relaciones contractuales han sido debidamente resueltas”, expone La Casa de Pinto.

POSIBLE FRAUDE DE LEY

La asociación cree además que hay indicios de fraude de ley pudiendo haber sido Sportmadness una instrumental de la empresa de Carlos Solís, ya que Sport CTV es “la verdadera gestora sin haber acudido a la licitación”. En este sentido, La Casa de Pinto expone que dicha empresa es la propietaria de la maquinaria del gimnasio que adquirió a la baja “aprovechando la penosa situación en la que queda la oferta rechazada de José Aguado”, gestor de Pintogym desde hace 22 años.

“Por tanto, sin estar detallado el valor, las cualidades de la maquinaria y observando una determinación tan genérica de los medios para poder desarrollar las actividades del gimnasio, esta asociación no puede convertirse en depositaria de la maquinaria de las actividades para la gestión, por acumularse numerosas dudas de legalidad jurídica sobre las propiedades, derechos y posibles acciones judiciales ejercitadas por los perjudicados”, dice la Casa de Pinto, que renuncia así a gestionar de manera provisional la instalación, pidiendo finalmente que se investiguen estas presuntas irregularidades. Fallos que también observan en “la solvencia financiera de 135.000 euros de la empresa cuando el valor de contrato superaba los 200.000 euros”.

EL ATLÉTICO DE PINTO PIDE LA CESIÓN

Por otro lado y según ha podido saber Al Cabo de la Calle al cierre de esta edición, el Atlético de Pinto ha registrado en el Ayuntamiento la petición de que le sea cedida la instalación a través de un convenio suscrito con el Consistorio. En los próximos días, la entidad rojinegra dará más detalles en una rueda de prensa explicando los motivos que le llevan a tomar esta decisión.

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