El pasado abril de 2018, el Ayuntamiento de Pinto que gobernaba Rafael Sánchez, hoy segundo teniente alcalde, adquirió una ambulancia para PIMER-Protección Civil por aproximadamente 135.000 euros. Una compra que se justificaba porque una de las dos ambulancias existentes, adquirida en 2008 por donación, se aproximaba al fin de su vida útil.
El 1 de junio, ya de 2021, el partido Somos Pinto, que concurrió a las elecciones de 2019 y a punto estuvo de sacar representación, solicitó por Registro del Ayuntamiento los informes que avalaban la compra de este vehículo, ante las dudas de una presunta ilegalidad.
Y es que Pinto, en cuanto a ente local, «no tiene competencias en materia de emergencia y transportes sanitarios», explica el partido vecinal. Y ello porque «a día de hoy no existe convenio de colaboración entre SUMMA 112 (competente) y el Ayuntamiento». Por lo que «no hay herramienta que habilite al municipio a ejercer dichas competencias».
Aún habiéndolo, como ha sucedido recientemente con el convenio firmado con Bomberos de la Comunidad de Madrid, las funciones de PIMER serían de colaboración con los organismos regionales competentes.
Al pasar tres meses sin que se les haya entregado la documentación, Somos Pinto va a reclamar la entrega de documentos por la vía Contencioso-Administrativa. En base a lo que señalen lo informes, anuncian que se reservan «el derecho a emprender acciones legales que estimemos oportunas».
Al Cabo de la Calle ha preguntado al Gobierno de Diego Ortiz sobre estos extremos y por el momento no han dado una explicación.
