El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un gasto de 36,8 millones de euros para garantizar los pagos de justicia gratuita a los abogados durante este año. Una cantidad que se completará, próximamente, con los 6 millones de euros correspondientes al turno de oficio.

Según ha recordado el vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán, los Presupuestos para 2018 contemplan una partida de 48,6 millones de euros destinada a asistencia jurídica gratuita, lo que supone un incremento del 34% desde el inicio de la Legislatura. En este sentido, desde el Gobierno regional han destacado que Madrid es la segunda comunidad autónoma en inversión en asistencia jurídica gratuita, según el XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.

Del total de la partida de este año, 42,8 millones se destinarán a los abogados y 5,8 millones a los procuradores -4,8 millones a justicia gratuita y 1 millón a turno de oficio-. Los pagos a los procuradores también se llevarán a Consejo de Gobierno para su aprobación próximamente.

Con estos pagos se financian las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales. De esta forma, se garantiza a asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes.

AGILIZAR LOS PAGOS

Además, la reciéncreada Consejería de Justicia va a dar “un impulso” a la agilización de los pagos de la asistencia jurídica gratuita a abogados y procuradores, anticipando las cantidades a abonar sin esperar a la presentación de las correspondientes justificaciones.

Tal y como han explicado desde el área, el nuevo sistema se articulará a través de un plan individualizado de pago tanto para el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid como para el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

Con el nuevo modelo, los pagos por la asistencia jurídica gratuita se podrán adelantar al inicio de cada periodo a certificar, sin esperar a la presentación de ninguna justificación. Al final del ejercicio, se cerrarán todas las justificaciones y comprobaciones para garantizar que los pagos anticipados se corresponden con las actuaciones incluidas en las certificaciones.