«La inversión del Ayuntamiento en materia de deporte es prioritaria, pero necesitamos que la Comunidad de Madrid pague las deudas que tiene con la ciudad, porque es su obligación; hay más de 6 millones de euros pendientes aún del PIR 2016-2019, de los cuales 1,2 millones de euros corresponden a inversiones en materia de deportes».
Así se despachaba la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado viernes, aprovechando una visita a la ciudad del portavoz del PSOE-M, Juan Lobato.
Un encuentro que no solo sirvió para reclamar a la Comunidad de Madrid inversiones en la ciudad, sino que tanto Lobato como De Andrés pudieron limar asperezas después de que en febrero de este año, el secretario general de los socialistas madrileños, dijera que expulsaría a la alcaldesa del PSOE, en casa de que la sentencia que la inhabilita mercantilmente por la quiebra de EMGIASA, sea firme.
La contestación del Ejecutivo autonómico no se hizo esperar. El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, señalo que «la Comunidad de Madrid no debe ni un solo euro del PIR al Ayuntamiento de Alcorcón», añadiendo que «se ha abonado el 100% del importe que solicitaron para sufragar el gasto corriente (4,24 millones de euros)».
Izquierdo también confirmó que «actualmente para este municipio ya se está tramitando obras por valor de 6,6 millones, que están en en licitación (como varias obras de mejora de CEIPs) o en ejecución. Estas obras las gestiona directamente la Comunidad de Madrid por lo que no se debe nada al Ayuntamiento».
TRAGSA
«Estamos trabajando a un ritmo vertiginoso para solventar el parón que ha supuesto para algunas actuaciones la pandemia del Covid», insistía Izquierdo, reiterando que «ya se ha abonado casi al 100% (99,7%) el dinero correspondiente a gasto corriente de las anualidades 2016-2019 y de ese PIR hemos ejecutado el 83% de las obras».
«Lamentablemente, la alcaldesa de Alcorcón no ha informado correctamente al señor Lobato, quien tampoco debe conocer que muchas de las obras que actualmente quedan pendientes de ejecutar en la región, las debe acometer TRAGSA, una empresa de carácter estatal», zanjó el consejero regional.
